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Reconocen derechos sobre 34 mil hectáreas a indígenas de Tamasopo

Jaime Nava

El Tribunal Unitario Agrario establecido en Tampico, Tamaulipas, emitió una sentencia mediante la cual reconoce a más de dos mil cabezas de familia de origen xi’uiy (pame) como miembros de la comunidad conocida como La Palma, ubicada entre los municipios de Rayón y Tamasopo en la Huasteca potosina. Estas familias indígenas desde hace años acusaban a un grupo de ejidatarios de haberles despojado sus tierras, las cuales, luego del procedimiento jurídico, les fueron reconocidas por el tribunal dentro del expediente 759/2012-43.

Luego de conocer la decisión del tribunal, los indígenas se organizaron el domingo para realizar una marcha hacia las oficinas del comisariado ejidal con la intención de clausurarlas. La mañana de este lunes el grupo de ejidatarios bloqueó la carretera 70 a la altura del kilómetro 19+500 derivado de la resolución del Tribunal Unitario Agrario, ya que dentro de sus efectos jurídicos se ordena la desaparición del ejido y les otorga plenos derechos sobre las más de 34 mil hectáreas de terreno que forman parte de la comunidad a las más de dos mil familias indígenas que desde hace décadas habían sido excluidas.

A pesar de que los indígenas contaban con un título comunal emitido por la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 7 de diciembre de 1922, se instauró un ejido que los desplazó y despojó de sus derechos agrarios; por ello, el grupo indígena conformó una forma de gobierno alterna para exigir su reconocimiento por la vía legal bajo el nombre de Movimiento Social por la Tierra (MST), según informaron a través de un comunicado.

En entrevista con La Jornada San Luis, el abogado del MST, Miguel Ángel Guzmán Michel, declaró que en la sentencia el tribunal determinó que “todos los actos que haya hecho el ejido son nulos” incluida la llamada “supercarretera” que va de Rioverde a Valles, de la cual dijo el gobierno sólo indemnizó al grupo de ejidatarios, ya que nunca reconocieron a los indígenas como parte de la comunidad. “En general las instituciones tanto federales como estatales no reconocían a la comunidad como un ente legal”, sostuvo.

Comentó que aunque el Tribunal Agrario reconoció a todos, incluidos los ejidatarios, como parte de la comunidad indígena, dentro del grupo ejidal existen unos que no se reconocen como tal, “ellos dicen que son mestizos”.

Guzmán Michel argumentó que los efectos jurídicos que alcanzan con la sentencia son el reconocimiento de sus usos y costumbres, tradiciones y formas de gobierno. Explicó que ahora la explotación de la tierra será colectiva y no parcelaria; además de que buscarían revertir los actos hechos por el ejido. “La comunidad va a pedir las auditorías”, advirtió, y dijo que en el caso de la “supercarretera” se debió realizar una consulta pero ésta nunca se llevó a cabo porque la comunidad permanecía “invisible” a los ojos de la autoridad, por lo que dijo que este tipo de acciones motivarían acciones legales de parte de la comunidad indígena ahora que ya se les reconoció.

A consecuencia de la falta de seguridad jurídica y la inseguridad, la comunidad de indígenas desde hace unos años organizó su defensa por medio de guardias comunitarias. Poco más de cien personas organizadas, armadas con machetes y entrenadas en procedimientos de detención de personas realizan guardias para detectar presencias extrañas a la comunidad.

Resaltó que debido a la falta de reconocimiento se registraron homicidios de indígenas “que nunca se investigaron porque cuando muere un indio pues nadie hacía nada”. Acusó al ministerio público de no efectuar labores de investigación y afirmó: “estamos llegando a un momento en el que todo ese nido de corrupción y de impunidad se va a acabar”.

JSL
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