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Resuelve juzgado a favor de indigenas; gobierno violó sus derechos

indígenas

Samuel Estrada

Este martes se emitió la sentencia del Poder Judicial que da la razón a los promoventes al respecto del amparo que interpusieron en contra del Gobierno del Estado, por no haberse llevado a cabo en tiempo y forma la Consulta Indígena para el Plan Estatal de Desarrollo (PED, por lo que la administración estatal incurrió en actos violatorios de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas residentes en la entidad.

Al respecto, Guillermo Luévano Bustamante asesor jurídico de los inconformes, explicó que la resolución que emitió la jueza encargada del caso refiere que en efecto el Gobierno del Estado, no tomó en cuenta los derechos del pueblo mazahua, avecindado en la capital del estado para ponerles a consulta el Plan Estatal de Desarrollo.

Y aunque no invalida el actual PED, puesto que considera que ya no existen las condiciones para reponer el proceso de nueva cuenta, si obliga al gobierno del estado a llevar a cabo la Consulta Indígena cuyos resultados tienen que ser anexados de manera transversal al documento y posteriormente puesto a consideración de nueva cuenta del Congreso del Estado para su autorización.

Recordó que hace unas semanas el Gobierno del Estado, tratándose de adelantar a la sentencia comenzó con el proceso de convocatoria para la Consulta Indígena, en los pueblos y comunidades indígenas de la entidad, sin embargo no tomaron en cuenta a los pueblos indígenas urbanos, como es el caso de los mazahuas y los Trikis que residen principalmente en la zona metropolitana de la capital potosina.

Lo anterior implica que de inicio la consulta que está en proceso encabezada por el Indepi, podría significar un desacato judicial, toda vez que no se tomó en cuenta al pueblo Mazahua, y solo a los otros pueblos originarios del estado, como Nahuatl, Teenek, Xiuì e incluso hasta Wirraricas (Huicholes) pero sin tomar en cuenta a Mazahuas y Trikis lo que significaría de que de nueva cuenta hicieron las cosas mal y tendrían que iniciar de nuevo la consulta, aunado a una sanción económica y administrativa para la administración estatal.