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Sacerdotes de la Diócesis de Matehuala rechazan el tiradero industrial en Palula

Fotografía: César Rivera.

Jorge Torres

Sacerdotes de la Diócesis de Matehuala manifestaron estar con los ejidatarios de las comunidades de San Luis Potosí y Zacatecas que se verán afectados por la instalación del Confinamiento de Residuos Tóxicos en Rancho Palula en Santo Domingo.

En un documento que entregarán hoy a las autoridades, los sacerdotes destacan que como Iglesia “tienen el deber de cuidar esta casa común que es el mundo, por lo cual les corresponde ser profetas que denuncien”, por ello se indica que el equipo de la pastoral social de la Diócesis ha brindado acompañamiento a los ejidatarios inconformes para evitar la instalación de este confinamiento, y seguirá estando al pendiente de este tema para “caminar al lado de su pueblo”.

Menciona que se sabe del “poderío económico” de las personas que están detrás de este proyecto, las cuales han intentando “comprar voluntades” de las personas que habitan las comunidades afectadas, con televisores, láminas para sus viviendas, incluso ofreciendo empleos, entre otras cosas, para legitimar este proyecto del cual nunca se pidió opinión de los habitantes como la ley indica, pues aunque la empresa hizo una publicación al respecto en un periódico de la capital potosina, éste no llega a Santo Domingo, por lo cual no se cumplió con la ley en ese sentido. “Esa consulta pública fue una farsa y una burla para los habitantes de las comunidades afectadas”, señala.

Asimismo, se señalan anomalías en los permisos otorgados por las autoridades, con los que se pretende “engañar al pueblo”. Destacaron el engaño de la empresa en decir que el tiradero se construirá en una zona árida y semiárida, que no afectará a la población, pues según la empresa en un radio de 10 kilómetros no hay cauces ni arroyos, aunque se señala que estudios de especialistas de la UNAM y de El Colegio de San Luis constataron que hay 40 pozos de agua en un radio de 30 kilómetros, por lo cual se afectarán las actividades agropecuarias que son el sustento de muchas familias cercanas a la zona en donde se pretende la construcción.

Finalmente, además de verificar este tema, se pide a las autoridades revisar con detenimiento otros proyectos que también afectan al medio ambiente y sus habitantes, como el tiradero industrial que se encuentra en Guadalcázar, el cual sigue siendo un foco de contaminación grave en donde la empresa Metalclad “dejó enterradas más de 20 mil toneladas de residuos peligrosos” en el predio de La Pradera, desechos que son de empresas químicas, automotrices, metalmecánicas, y plaguicidas, además de 170 toneladas de medicamentos caducos del IMSS, lo cual parecer “quedó en el olvido”.

Cabe destacar que dicho documento tiene la firma de todos los sacerdotes de las parroquias del Altiplano, pertenecientes a la mencionada Diócesis, y será entregado oficialmente hoy a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la delegación de Gobernación en el estado y a la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según informó el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz. Además, este escrito, también va dirigido a los obispos de la provincia eclesiástica de San Luis Potosí y a los gobernadores de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, y de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes.

JSL
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