Sandra Sánchez busca amparo contra el SAT

Jaime Nava

Sandra Sánchez Ruiz, a quien el ayuntamiento de la capital pagó más de 34 millones de pesos en tres meses por compras de medicamentos para personal de confianza, busca obtener un amparo en contra de diversos actos de inspección y verificación en materia fiscal derivados de una orden de visita emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a finales de agosto.

Luego de que La Jornada San Luis revelara la existencia de pagos millonarios a Sandra Sánchez Ruiz, diversos ciudadanos presentaron denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de la Función Pública en contra de Sánchez Ruiz y el ayuntamiento de la capital por la probable comisión de delitos en la compra de medicamentos para personal de confianza.

Derivado de esas denuncias, el 31 de agosto el Servicio de Administración Tributaria emitió la orden de visita “VVRF0600008/16 con número de oficio 500-50-00-05-2016-10559”. De acuerdo con el propio SAT las visitas domiciliarias son actos de fiscalización que realizan para verificar que los contribuyentes han cumplido con sus obligaciones fiscales y consisten en “la revisión directa de la contabilidad incluyendo datos, informes, así como declaraciones y comprobantes de pago de contribuciones, bienes o mercancías en su domicilio fiscal, establecimientos o locales, y en su caso determinar las contribuciones omitidas, actualización, multas y recargos que correspondan”.

Es decir que, entre otras cosas, en el transcurso de la visita Sandra Sánchez Ruiz deberá mostrar al SAT el nombre de las empresas que surtieron los medicamentos vendidos por ella al ayuntamiento de la capital así como los montos y fechas en los que fueron adquiridos para su posterior venta.

El amparo promovido por Sandra Sánchez Ruiz quedó registrado en el Juzgado Segundo de Distrito bajo el número de expediente 1187/2016; sin embargo, Sandra pidió que su nombre fuera eliminado de las listas de acuerdos, por tal motivo, al realizar una consulta pública de su expediente en el portal del Poder Judicial de la Federación, en donde debería aparecer su nombre únicamente se ven asteriscos.

A la enigmática proveedora de medicamentos le negaron la suspensión provisional del acto, lo cual quiere decir que el SAT ya podría haber llevado a cabo la visita; no obstante el amparo aún no se resuelve de manera definitiva, por lo cual se espera que se emita una sentencia en los próximos días.

A Sandra Sánchez Ruiz la asisten dos abogados: el primero de ellos, de nombre Julio Héctor Aspe Hinojosa, es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, además, distintos testimonios coinciden en señalarlo como “bien conocido e importante” en el ámbito político. Aspe Hinojosa actualmente estudia un posgrado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) donde desarrolla la investigación Derecho penal autoritario en la persecución simultánea de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Iván González Muciño es el nombre del segundo abogado de quien existe poca información en Internet más allá de que egresó de la Universidad del Tepeyac en 2003.