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Sentencia devolvería cinco mil hectáreas a Congregación de escalerillas

Jorge Torres

El abogado Marco Antonio Arredondo Bravo, quien representa legalmente a cerca de 250 comuneros que integran la Congregación de Escalerillas, sobretodo a personas de la tercera edad, las cuales dijo son los legítimos sucesores de esta Congregación, señalo que ya se dio una sentencia en donde el Tribunal Agrario debe cumplir con la sentencia que esta ordenado el Segundo Tribunal Colegiado, que se dio desde finales de 2015, en donde se tiene que devolver las hectáreas a los dueños legítimos de la Congregación, son 5 mil 815 hectáreas ubicadas el poniente de la ciudad, y en este caso tiene que restituírseles todo, aunque dijo que se buscarán mesas de diálogo con Gobierno del Estado para este tema.

“Nosotros no buscamos que se llegue a un conflicto agrario y que se solucione todo el procedimiento de forma coherente y que todas las partes salgan en bueno términos”, señalo el abogado el cual comentó que no están peleados con el otro grupo de comuneros representado por el abogado Antonio Ramírez, pues buscan el mismo fin que es el que se respeten las tierras pero ellos se están conduciendo “por otro lado” de una manera confrontativa con todos los grupos constructores que ya tiene desarrollo en la zona, “lo que nosotros buscamos es una conciliación que el Gobierno Estatal y Federal intervengan para que junto con los dos grupos de comuneros y los constructores se restituya o se paguen las tierras por los derechos que tienen por años.

Por ello señalo que van a solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque aquí se tiene que iniciar el incidente sustituto de sentencia, una tramitación a través del cual se logra que las obligaciones derivadas de la ejecutoria de amparo puedan sustituirse por otras formas de cumplimiento; se origina ante la existencia de múltiples ejecutorias de los tribunales de amparo que por diversas causas devienen inejecutables, ante la imposibilidad legal y material para hacerlo; su finalidad es evitar que las sentencias de amparo permanezcan, se aplica cuando la ejecución de la sentencia “afecte gravemente a la sociedad o a terceros, en mayor proporción que el derecho del quejoso a obtener una suma de dinero que corresponda al valor económico de las prestaciones de dar, hacer o no hacer que la sentencia imponga a la responsable o a la autoridad encargada de la ejecución”, esto se hará porque obviamente los terrenos están ocupadas por desarrollo habitacionales, u otras construcciones.

Finalmente comentó que están solicitando al Gobierno del Estado que intervenga, también al Gobierno Federal a través de la Secretaria de Gobernación para que se junten los grupos en una mesa y platicar para ver que se va a hacer en esta situación, “en este caso es lo que vemos viable porque hay mucha gente que compró de buena fe y los constructores tampoco sabemos como adquirieron, no podemos aventurarnos a pelear con ellos, queremos el diálogo para llegar a un acuerdo”, concluyó.