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SLP, entre los 10 mejores del país en transparencia de información fiscal

De acuerdo al análisis realizado por la consultora Aregional a los 32 estados del país, San Luis Potosí se encuentra entre los 10 primeros lugares nacionales  en materia de transparencia de información fiscal con una  puntuación de 88.50, superior a la media nacional de 77.81 puntos.

La entidad potosina se encuentra junto con los estados de Jalisco, Estado de México, Puebla, Nayarit, Querétaro, Yucatán, Hidalgo, y Morelos con el índice de puntuación alto en esta escala de medición.

Sólo nueve estados de los 32 del país registran calidad en cuanto a transparencia y disponibilidad de información fiscal, al obtener más de 85 de 100 puntos, con base en un informe de la firma Aregional, lo que es reflejo de las buenas prácticas que se llevan a cabo desde la Secretaría de Finanzas que preside José Luis Ugalde Montes.

El número de estados que ofrecen información abierta y de calidad a sus ciudadanos sobre el manejo de los recursos públicos, se determina mediante el Índice Anual de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal.

Este año fueron 10 estados menos los que reportaron calificaciones por arriba de 85 puntos, en comparación con 2015.

En los estados del país predomina la falta de información fiscal y calidad en ésta. Son 23 los estados que reportaron calificaciones de nivel medio (14 con puntajes entre 81.7 y 71.4) y bajo (nueve con calificaciones de 69.4 a 57.4 puntos).

Registrar calificaciones ‘altas’ implica que las administraciones estatales tienen un buen marco regulatorio para el acceso a la información pública y que dan a conocer sus recursos públicos y cómo se ejecutan.

Los estados con las mayores calificaciones fueron Jalisco, Estado de México, Puebla, Nayarit, Querétaro, Yucatán, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí y Chihuahua. Sus notas rondan entre 97 y 85 puntos de un total de 100.

Cabe hacer mención, que luego de los cambios en la Ley de Transparencia, los gobiernos estatales están obligados a hacer pública su información financiera de cuando menos los últimos seis años, por lo que las administraciones se han visto presionadas por presentarla.