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Solicitan diputados comisión especial para caso Sandra Sánchez

Ley de Ingresos

Samuel Estrada

Este martes apareció en la gaceta parlamentaria una solicitud por parte de distintos diputados de la actual legislatura, principalmente por parte de los identificados como los broncos para crear una comisión especial para revisar el caso de la compra de medicamentos para el personal de confianza del ayuntamiento de la capital potosina.

Según la justificación del texto, las atribuciones de esta comisión serán las de revisar el procedimiento de asignación de recursos públicos a nombre de Sandra Sánchez Ruiz, además de señalar las irregularidades relacionadas con la materia de esta comisión que en su caso se hubieran cometido, así como a los responsables de las mismas, a fin de que el Congreso determine el marco jurídico aplicable y dicte las medidas conducentes.

Asimismo, presentar al Congreso un informe final con los hallazgos y conclusiones, y las demás que a criterio del pleno resulten pertinentes en aras de la transparencia y la rendición de cuentas.

Se estipula que se integrará por los legisladores que proponga la Junta de Coordinación Política que estén en condiciones reglamentarias para hacerlo, velando en todo momento por una conformación plural del órgano. Esta solicitud se tendrá que votar en la próxima sesión de pleno del Congreso del Estado esta misma semana.

Es un asunto político: Torres Sánchez

 

Cabe destacar que en la gaceta parlamentaria aparecen los diputados Enrique Flores, José Luis Romero Calzada, Alejandro Segovia, Jorge Luis Díaz, Héctor Mendizábal, Mariano Niño, Xitlálic Sánchez, Sergio Desfassiux, Guadalupe Torres Sánchez, Manuel Barrera y Rubén Magdaleno como promoventes de la iniciativa de creación de estas comisión, sin embargo el diputado perredista J. Guadalupe Torres Sánchez rechazó haber firmado o estar de acuerdo con esta propuesta.

El diputado identificado como gallardista señaló que él es respetuoso de las ideas que presenten sus compañeros legisladores, sin embargo recalcó que en este caso no puede estar de acuerdo con ellas porque le parece que sería algo ocioso, puesto que se estarían duplicando funciones de fiscalización, que por un lado existe en la Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo y primordialmente en un órgano como la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Explicó que es un tema que ha causado mucha controversia, “creo que más de la cuenta”, por lo que parece ser que más bien se trata de un movimiento político y la realidad es que los diputados antes de atender cuestiones políticas se tienen que apegar a las cuestiones de legalidad: “entonces creo que lo que se está plasmando y planteando con esta comisión es equivocado”, sostuvo.

Torres Sánchez precisó: “considero que se trata de un aspecto político, yo los respeto, pero si en realidad revisaran el tema, no sólo de este caso específico, sino de todos los recursos, sabrían que es materia de la ASE; yo le comenté esto a mis compañeros, si no hay una razón legal para hacerla, por lógica quiere decir que la razón es política”.

Finalmente, externó que esto probablemente venga de un grupo político que ha apuntado la mira en contra de la administración del alcalde Ricardo Gallardo Juárez porque lo ven como un fuerte adversario, y seguramente son las mismas personas que están detrás de la solicitud de la creación de una comisión similar al interior del Cabildo de la capital, lo cual, recalcó, también resulta improcedente.

Nuestra intención no es juzgar, sólo que se aclare: Barrera Guillén

Por su parte, Manuel Barrera Guillén defendió la propuesta y estipuló que, dado que el tema de Sandra Sánchez ha generado tal suspicacia por el hecho de que la compra es de millones de pesos de medicamentos (34 millones en tres meses) a una proveedora que es una persona física de la cual no se tiene conocimiento, en un domicilio que no existe, ya que no se ha presentado públicamente, y que dichas denuncias han sido publicadas por grupos de ciudadanos, es que varios diputados “decidimos presentar una iniciativa de ley que tiene como único objetivo la creación de una comisión especial para la investigación de la compra de dichos medicamentos”.

De la misma manera, hizo hincapié en que “debemos aclarar que no pretendemos convertirnos en jueces, pero también tenemos que aclarar que nuestra obligación como Congreso del Estado en la de responder ante las inquietudes de la ciudadanía en el uso de recursos públicos, y si bien existe un ente que es la Auditoría Superior del Estado, para tal efecto no hay nada en la ley que impida la posibilidad de que los mismos diputados generemos comisiones multipartidistas para tal efecto”.

Aseveró, además, que con la creación de esta comisión se pretende también demostrar que hay la voluntad de los diputados, así como la intención de hacer las cosas bien y vigilar que las alcaldías actúen de manera responsable y transparente.

 

Llama Romero Calzada a un “pacto ciudadano”

Otro impulsor de la creación de esta comisión, el diputado priísta José Luis Romero Calzada, quien ha externado su simpatía por el alcalde Ricardo Gallardo Juárez, externó que no se trata de un capricho, ya que se cuenta con el respaldo de al menos 10 legisladores de los 27 que conforman el Congreso local: “lo que nosotros pedimos es claridad, los potosinos requieren que haya claridad en el uso de los recursos públicos”, apuntó.

Indicó, de igual forma, que hoy por hoy el tema de Sandra Sánchez y los medicamentos sigue sin ser aclarado, por lo que se decidió hacer la comisión especial para realizar los análisis detallados de lo que ha estado sucediendo con los medicamentos que se compran tanto en Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí a una proveedora poco conocida.

Romero Calzada sentenció que la gente ya está cansada de tantos dimes y diretes en este tema, por lo que es tiempo que se den acciones y resultados reales de lo que sucedió en este caso: “nosotros siempre hemos sido muy respetuosos con todos los poderes del estado, incluidos los municipios, pero al ver que el ayuntamiento de la capital no ha atendido la recomendación de que aclare el asunto, pues es tiempo que el Congreso tome cartas en el asunto y haga lo que dentro de sus facultades puede hacer”, subrayó.

El legislador criticó que la realidad es que no se han tenido respuestas “serias” en este caso, y si no existen estas respuestas no se le puede dar cuentas a la sociedad de lo que ha estado sucediendo, por lo que el hecho es que los diputados están comprometidos con que se indagará y se llegará hasta el fondo del asunto, y “por respeto a la sociedad, se aplicarán las sanciones que se tengan que aplicar”.

Por último, hizo el llamado a la conformación de un “pacto ciudadano” para el esclarecimiento de este asunto y que ningún uso del recurso público “se quede en la ambigüedad”, por lo que llamó a regidores, trabajadores del municipio, asociaciones civiles como Ciudadanos Observando y ciudadanos en general que tengan información de este caso a acercarla a los diputados y así poder contar con el mayor número de pruebas y elementos para poder determinar una presunta irregularidad.