Continúa el problema de alimentos en la SSPE
27 mayo, 2016
Hoy se cumplen cinco meses de la desaparición de Zoé
27 mayo, 2016
Jorge Torres
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) presentó el informe especial sobre la situación de las personas privadas de su libertad en cárceles distritales del estado. Dicho documento señala que, de los siete centros de reclusión distrital que hay en el estado, cuatro presentan sobrecupo y hacinamiento, además no cuentan con sistema de video vigilancia, áreas medicas, ni tampoco con la infraestructura necesaria para que los internos puedan estar recluidos dignamente, por lo que la recomendación que hace el organismo al gobierno del estado es cerrar estos penales y pensar en la construcción de nuevas centros que cumplan con los estándares.
La dependencia destacó que este estudio tiene el propósito de dar a conocer la situación del respeto de los derechos humanos en los centros de reclusión distrital que se encuentran sujetos a la administración de los municipios de Cárdenas, Ciudad del Maíz, Guadalcázar, Salinas, Santa María del Río, Venado, así como el establecimiento ubicado en Cerritos, esto para que las autoridades encargadas del sistema penitenciario realicen acciones efectivas para garantizar el respeto y ejercicio efectivo los derechos humanos de las personas que por su situación jurídica se encuentran detenidas.
La investigación que se realizó en las cárceles distritales advirtió carencias y deficiencias que padece la población interna, que vulneran en su perjuicio los derechos humanos que consagran los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativos al trato digno, salud, alimentación, legalidad y seguridad jurídica, así como a la reinserción social.
“Esta Comisión Estatal pone de manifiesto que los actuales espacios de las cárceles distritales en el estado no garantizan una estancia digna y segura para la población reclusa y la infraestructura de los mismos carece de equipamiento y condiciones propias para para la estancia y aplicación apropiada del tratamiento para la reinserción social”, sostuvo.
Por ello, la CEDH sentenció que es necesario que la autoridad penitenciaria del estado implemente “medidas necesarias a efecto de garantizar el respeto y ejercicio pleno de los derechos humanos de la población reclusa en los centros distritales”, incluso valorando su cierre y construyendo nuevos con base en el estándar internacional, tanto en el ámbito de la seguridad como del respeto y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.
Así pues, se emitieron seis medidas recomendatorias al gobierno de Juan Manuel Carreras López: que la Dirección General de Prevención y Reinserción Social asuma la administración de estos centros de reclusión; una política para construir nuevas cárceles; que los internos reciban trato digno; que se establezca un programa de atención médica; que los internos tenga actividades de esparcimiento, así como no obstaculizar el trabajo de la Comisión.
