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Trabajadores de Vigue, obligados a firmar contrato con menos sueldo

Angélica Campillo

Luego del video que circula en redes sociales acerca de la denuncia de los trabajadores de Vigue contra la empresa, debido a que, refirieron, en diciembre pasado tuvieron que firmar un contrato donde se les reducía el salario, el especialista en derechos humanos, Guillermo Luévano Bustamante, indicó que, de entrada, eso es ilegal, puesto que las condiciones de trabajo sólo pueden ser modificadas para mejorar las circunstancias, en este caso las económicas.

Uno de los trabajadores de Vigue Red Ambiental, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias, indicó que el 23 de diciembre de 2015, tanto él como sus compañeros fueron obligados a firmar un nuevo contrato, en el cual se especificaba que su sueldo sería menor al que percibían, y de no acceder, no se les permitiría la entrada a sus labores. También argumentó que además la empresa nunca les pagó utilidades ni vales de despensa ni Fonacot, etcétera, como se los hizo creer al principio.

“Nos llevaron con mentiras y nos hicieron firmar el contrato y también nos dijeron que de ganar mil 300 pesos, nos bajaron el sueldo a 800 y feria”, recalcó.

El trabajador explicó que el salario es de 600 pesos, pero aunado a ello les otorgan dos bonos para completar los 800 pesos semanales. “Llevo seis años trabajando en Vigue y es mucha la diferencia de mil 300 a 600 pesos. Tuvimos que firmarlo para no perder el trabajo”, comentó.

Luévano Bustamante, al ser cuestionado acerca de sí Vigue tiene la faculta de realizar esas modificaciones al contrato de sus trabajadores, refirió que “de entrada es ilegal que cualquier empresa reduzca los salarios a sus trabajadores, porque las condiciones de trabajo sólo pueden ser modificadas para mejorar el entorno laboral de un empleado, y más tratándose de una empresa privada”.

Señaló que la crisis por la que atraviesa Vigue no es una justificación, sino que ayuda a explicar  que cuando se concesionan los servicios públicos, las empresas privadas suelen incurrir en esas prácticas, pues lo que quieren es obtener mayor ganancia.

Manifestó que el caso de Vigue se deriva en primer lugar del abandono de la responsabilidad del municipio, al concesionar un servicio que le corresponde por ley, puesto que constitucionalmente es el ayuntamiento quien debe prestar ese servicio, “se privatizan en aras de decir que se harán más eficientes, porque el municipio no puede hacerse cargo de ellos, pero más adelante vemos que no resultan más eficientes y que la ciudadanía termina requiriendo el restablecimiento del servicio”.

Dijo que el ayuntamiento debe tener responsabilidad política y en las futuras concesiones debe asegurarse que las condiciones no sólo sean eficientes en términos empresariales, sino en las circunstancias de los trabajadores sean adecuadas.

Para que Vigue rinda cuentas y pudiera ser sancionada ante los señalamientos que hicieron sus empleados, Luévano Bustamante comentó que en primera instancia tendría que proceder una demanda de los trabajadores, pero de no ser así, debido a que no se atrevan a demandar por temor a represalias de la empresa, si la Secretaría del Trabajo tuviera conocimiento de esa denuncia pública, que no tiene carácter formal, de acuerdo a sus atribuciones podrían emprender una serie de inspecciones que se deriven de ese conflicto, si es que efectivamente los empleados han sufrido una reducción en su salario, además de si prestan sus servicios bajo las normas de seguridad e higiene adecuadas, puesto que la exposición a los desechos domésticos los coloca en situaciones de riesgo.

JSL
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