Angélica Campillo
Después de que el portal Ciudadanos Observando informó que el diputado priísta Alejandro Segovia facturaba en su propio negocio a nombre del Congreso del Estado, el analista jurídico José Mario de la Garza manifestó que no hay una ley que prohíba lo referido, puesto que la legislación que hay en México está diseñada para no regular adecuadamente esos conflictos de interés.
En el citado portal se menciona que el diputado priísta del Distrito I, que abarca municipios del Altiplano, en noviembre pasado facturó en una gasolinera de su propiedad con razón social Servicios Poca Luz, SA de CV ubicada en Matehuala, la cantidad de siete mil 537 pesos, a nombre del Congreso del Estado.
Además del rubro de apoyo legislativo también facturó siete mil 350 pesos que igualmente fueron gastados en la gasolinera de su propiedad, lo que suma 14 mil 887 pesos, pero lo que llama la atención es que en relación al precio del litro de gasolina facturado indica que utilizó mil 097 litros de combustible en un mes, lo que equivale a recorrer 10, 970 kilómetros.
En la parte inferior de las facturas de noviembre aparece escrita a mano la justificación por el combustible utilizado, como por ejemplo: evento en la capital, gira por Vanegas, gira por el distrito, gira por Cedral, etcétera, pero sumando el kilometraje de las distancias entre esos municipios y la capital potosina, no concuerda con los kilómetros facturados.
En entrevista, De la Garza señaló que como tal, ese tipo de conflictos de interés donde algún servidor público utiliza a sus propias empresas para facturar, en este caso el combustible, está muy mal regulado en este país, pero se trata de una falta de ética y de responsabilidad en el ejercicio de un cargo público: “no tenemos una regulación en las leyes de responsabilidad de servidores públicos, ni a nivel federal ni local, que aclare esos incidentes y que los sancionen”, aseveró.
Dijo que a nivel nacional se está proponiendo la iniciativa de Ley 3 de 3, y entre los documentos que se piden es precisamente para revisar dónde puede haber conflictos de interés, se pongan en la mesa y se transparenten, “en San Luis Potosí, hasta la fecha he verificado que hay sólo dos congresistas que lo han presentado, entonces tenemos una legislación que se diseñó para dejar estos huecos y para no regular adecuadamente el conflicto de intereses, y agregando el recurso que les dan a los diputados para supuestamente las actividades inherentes al Congreso, se presta a esos abusos y no hay una legislación que lo sancione”, puntualizó.
Por separado, la oficial mayor del Congreso del Estado, Beatriz Benavente Rodríguez, al ser cuestionada al respecto señaló que no indaga en las facturas que le proporcionan los diputados y tampoco tiene facultades para sancionarlos, “nos apegamos a lo que la Ley Orgánica y el Reglamento Interno, toda vez que la factura es válida en el SAT, para nosotros la factura es viable y se tiene que dar el reembolso, no nos metemos más allá”.
Cabe señalar que en lo que va de esta administración gubernamental, no es el primer caso de diputados donde se han observado irregularidades en la comprobación de sus gastos, pues está por ejemplo el antecedente del legislador local perredista, Sergio Desfassiux Cabello, quien en octubre de 2015 cobró facturas por 69 mil pesos, usando una empresa fantasma de nombre grupo Gahe de San Luis (facturando juguetes, equipos de cómputo y asesorías en comunicaciones y transportes).
De igual forma, en noviembre pasado, el diputado local Héctor Mendizábal Pérez cobró facturas por 58 mil pesos usando una razón social a nombre de Adriana Angélica Peredo Gómez, que posteriormente se supo se dedica a vender facturas a quien le pague el IVA.
