Ángel Bolaños Sánchez
Ciudad de México. El PRD en la Asamblea Legislativa presentó una iniciativa de reforma al Código Penal que incrementa hasta por 10 años la pena de prisión establecida para los directores responsables de obra (DRO) y corresponsables en seguridad estructural (CSE), de diseño urbano y arquitectura (CDUYA) y en Instalaciones (CI) que permitan y avalen el desarrollo de construcciones que no cuenten con la documentación requerida y no se apeguen a las normas en la materia.
Sanción, que se aplica también al propietario, su representante legal o al constructor que tuviese conocimiento de irregularidades y no las denunció.
La norma vigente señala que “al director responsable de obra o corresponsable de obra que autorice o permita el desarrollo de una construcción, de la que otorgó su responsiva, sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro o la normativa vigente relativa al desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y ordenamiento territorial para el Distrito Federal, se le impondrá de cuatro a seis años seis meses de prisión y de mil a diez mil días multa, así como suspensión para desempeñar profesión u oficio hasta por un periodo igual a la pena de prisión impuesta”.
En la propuesta de reforma al Código, se plantea una pena mínima de ocho años y una máxima de diez, y la suspensión definitiva de la cédula profesional del DRO y corresponsables sancionados.
