Jorge Torres
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jorge Vega Arroyo, dijo que le preocupa a la dependencia la violencia institucional que algunos funcionarios públicos ejercen sobre periodistas en San Luis Potosí, pues si algo se ha detectado en el estado es que hay más presiones contra este ramo con el uso de mecanismos institucionales que muchas veces provocan que los trabajadores de los medios informativos tengan que tomar medidas propias de protección, inclusive algunos prefieren renunciar a su actividad.
Señaló que los casos en donde se ha visto afectada la libertad de expresión, los cuales fueron motivo de queja ante la CEDH, como lo últimos, que involucran al alcalde de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez, están integrados en sus respectivos expedientes y se ha dado vista el Mecanismo Nacional de Protección de Periodistas, además de alguna manera la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) está abordando los casos para emitir algunos comentarios.
“La preocupación es esa violencia institucional, pero no nada más el riesgo de la amenaza que se sufre, sino cuando hay terceras personas porque nosotros también tenemos que fijarnos no solamente cuando es autoridad, sino terceras personas vinculadas de alguna manera al crimen; también ese tipo de amenazas nosotros estamos viendo”, ahondó el ombudsman potosino.
Destacó que hace una semanas se integró el Comité Estatal de Protección al Periodismo, con miembros de gobierno, instituciones de derechos humanos y sociedad civil, dejando de lado, como siempre, a periodistas, en donde por parte de la CEDH se hizo una propuesta para que la ley no solamente proteja la labor periodística, sino que también se defienda a activistas en protección de derechos humanos y que se active el Comité Estatal de Protección para que atienda de manera inmediata la problemática que se presenta día a día para garantizar que no existen riesgos en cuanto a la libertad de expresión.
“Tenemos que ver cómo protegerlos, es un trabajo institucional, nosotros pedimos que la obligación del respeto a los derechos humanos nace precisamente de la propia autoridad y es la autoridad la que tiene la obligación de respetarlos, protegerlos y sancionar su violación”, finalizó.
