Jorge Torres
El presidente de la asociación Renace Capítulo San Luis, José Mario de la Garza Marroquín, señaló que establecer la obligatoriedad de la ley 3 de 3, para que todos los funcionarios públicos presenten sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, es un gran paso para la rendición de cuentas y combate a la corrupción, pero dijo preocuparle que esto también se convierta en un tema “formalista”, en donde los servidores públicos sólo presenten un documento, se los sellen, y con eso digan que cumplen.
“Hay que implementarlo, falta ver plazos para presentar información, falta ver qué va a pasar si no se presenta, qué va a pasar si es inexacto, y, más importante, qué va a pasar si no corresponden los ingresos con el patrimonio ¿Esos funcionarios van a salir?, ¿se les va a seguir una investigación?, ¿se va abrir un protocolo?, ¿se va a revisar todo esto? No se trata nada más de presentar la información, hay que evaluarla, ver si va a haber un procedimiento por parte la Auditoría Superior o qué va a pasar si no cumplen”, sostuvo.
Destacó que no es suficiente presentar formalmente el documento, pues hay que ver cómo está el patrimonio del funcionario, cuántos impuestos han pagado, si cuadra o no, situaciones que consideró que si no se comprueban el señalado tendría que dejar el cargo e iniciarse una investigación, porque si no se hace de esa manera de nada sirve una oficina que reciba papeles y los publique en Internet.
De igual manera, mencionó que va a ser un buen momento de auditoría para los funcionarios públicos, pues se tiene que revisar si siguen presentando lo mismo antes de estar en un cargo público, justificar el por qué no hay movimiento en su patrimonio, todo eso, reiteró, debe ser motivo de investigación: “ha habido críticas en otros estados en donde funcionarios han presentado declaraciones en ceros, como si no tuvieran patrimonio, entonces ¿qué va a pasar si cumplieron con un papeleo pero está irregular lo presentado? La transparencia sin sanciones no sirve de nada”, sentenció.
