José Antonio Román
Ciudad de México. Diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avale la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el estado de México, pues representaría una carta abierta a violaciones a derechos humanos por parte cuerpos policiacos en esa entidad.
Señalaron que el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán sobre la acción de inconstitucionalidad en contra de la también llamada “Ley Eruviel” –cuya discusión inicia este lunes en el pleno de la Suprema Corte-, requiere una discusión seria y profunda, en razón del impacto que tendrá sobre los derechos humanos de la vida, integridad y libertad personas y a la vigencia de las libertades democráticas en México.
En un pronunciamiento conjunto, centros de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil las organizaciones civiles alertaron que de aprobarse, “la propuesta sentaría un precedente pernicioso al avalar disposiciones ambiguas y arbitrarias respecto al uso de la fuerza”.
Pidieron a los ministros que tomen en su decisión tomen en cuenta el contexto social e histórico del país que demanda una “limitación estricta del uso de la fuerza”, principalmente en relación a manifestaciones públicas y a las recomendaciones internacionales que sugieren que frente al uso de la fuerza las normas deben ser claras y limitativas, a fin de no dar lugar a interpretaciones arbitrarias.
El pronunciamiento está suscrito por una veintena de organizaciones que integran el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, conformado, entre otros, los centros de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP” y Miguel Agustín Pro Juárez; además de Fundar Centro de Análisis e Investigación, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD), y la Red TDT.
