Jorge Torres
El presidente de la asociación Renace, José Mario de la Garza, señaló que “el talón de Aquiles del nuevo sistema de justicia penal es la policía”, puesto que no hay una policía científica ni capacitada que pueda entender los protocolos de actuación en situaciones de riesgo, y que pueda además presentar una evidencia confiable. La muestra clara, dijo, es la grabación que circula en redes sociales donde un elemento de la Ministerial interroga de mala manera a uno de los delincuentes que participó en el asalto a una persona en un banco de Himno Nacional.
“Lo que ocurrió es claramente la muestra de que no se siguen los protocolos que se establecen para este tipo de diligencia, aun y cuando estamos frente al delincuente hay una serie de procedimientos que se tiene que seguir, como la manera de cuestionarlo, el respeto a sus derechos, este protocolo es el más importante”, dijo el abogado, e indicó que por este tipo de situaciones en un juicio oral se puede contaminar el proceso y puede ocasionar que un delincuente quede en libertad, como ha pasado en otros estados.
“Es muy preocupante el que nuestra policía no tenga esta capacitación, el respeto a los derechos humanos y los protocolos para el aseguramiento de las personas, el interrogatorio, la cadena de custodia, todos esos son protocolos que se deben cumplir, pues de no hacerlo queda debilitado el proceso”, agregó.
Cuestionado sobre si en este nuevo sistema penal se está “cuidando” mucho a quienes comenten un delito, mencionó que lo que pasa es que se está frente a este esquema del debido proceso, y hay muchas cuestiones técnicas que deben cumplirse, por lo cual de fallar estas, los abogados pueden apoyarse de estas fallas y pedir que se obtenga la libertad de una persona.
Iniciativa para diferenciar servicio de taxis y Uber
En otro tema, De la Garza señaló que presentó una iniciativa al Congreso del Estado, basada en la resolución de la Comisión Federal de Competencia, tendiente a modificar la Ley de Transporte para que se establezcan los lineamientos de diferencia entre los servicios que se presta a través de plataformas tecnológicas, como Uber, donde hay un contrato privado de transporte, y otra que son los servicios concesionados de taxis que prestan un servicio público y tienen una regulación.
“Lo que estamos pretendiendo es que en la ley se haga esta separación y puedan coexistir ambos y llevarse a cabo los dos servicios. Ya se turnó a comisiones, vamos a ver cómo transita”, finalizó.
