Jorge Torres
La organización independiente de derechos humanos Artículo 19, que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión, considera preocupante el patrón de agresiones que se ha presentado contra periodistas en San Luis Potosí, sobre todo los casos de hostigamiento, amenazas y violencia institucional contra medios, reporteros y activistas que han señalado malversación de recursos públicos con Sandra Sánchez Ruiz, la proveedora fantasma de medicamentos de la administración de Ricardo Gallardo Juárez.
En la página de internet de Artículo 19 se da cuenta de dos casos en donde la administración municipal se ha mostrado intolerante hacia la crítica. Todo comienza con los actos de corrupción que fueron investigados por Jaime Nava Noriega, periodista de La Jornada San Luis, quien el pasado 31 de marzo publicó una investigación sobre las irregularidades y desvío de recursos en la compra de medicamentos por parte del ayuntamiento de la capital a una proveedora de nombre Sandra Sánchez Ruiz, de quien hasta la fecha sigue siendo un misterio su identidad.
Dos meses después de esta publicación, y notas subsecuentes en torno a este caso, comenzaron los acosos para el periodista, los primeros a principios de abril, cuando personas en una camioneta Dodge Charger blanca, sin placas y con vidrios polarizados, siguieron a Nava cuando salía de la Unidad Administrativa Municipal; el 6 de abril vio a un motociclista estacionado en medio de la calle a las afueras de su domicilio, vigilando. El acoso aumentó después de la publicación de una columna titulada “Resistencias con gallardía”, el 13 de julio.
Los mismo sucedió con José Guadalupe González, periodista e integrante de la organización Ciudadanos Observando, quien es objeto de amenazas, acoso, hostigamiento y violencia institucional desde el 22 de junio. Señaló que desde esa fecha una pick-up Nissan gris se detuvo frente a su casa para tomar fotografías de su familia y la propiedad; días después fue amenazado en redes sociales; además el pasado 2 de agosto se llevó a cabo un operativo para clausurar su comercio, a pesar de mantener su documentación y pagos en regla. Entre las irregularidades reportadas por González es importante señalar que los inspectores se negaron a identificarse, además se dedicaron a tomarle fotografías tanto a él como a su hijo de 11 años.
Cabe destacar que las agresiones hacia Jaime Nava y José Guadalupe González no han sido las únicas que la difusión de las irregularidades de la administración gallardista ha generado, pues además Artículo 19 tiene conocimiento de dos casos más, el del medio Astrolabio y el del Canal 7.
“Artículo 19 considera preocupante el patrón de agresiones que se ha presentado en los casos mencionados y exige a las autoridades del municipio de San Luis Potosí cesar el hostigamiento, las amenazas y la violencia institucional hacia medios y reporteros interesados en difundir el caso de Sandra Sánchez Ruiz”, además la organización insta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión a dar seguimiento a los casos y proteger la libertad de investigar y difundir información de los medios y periodistas afectados.
Finalmente, el primer visitador general de la CEDH, Jorge Andrés López Espinosa, señaló que formalmente la comisión sólo tiene dos quejas contra la administración de Gallardo Juárez, la primera la de Canal 7 en donde el representante de la televisora denunció al edil por agresiones verbales en un evento público contra periodistas de esa empresa; la segunda es de José Guadalupe González por hostigamiento y amenazas por parte del propio presidente municipal. Ambas quejas están en integración y ya son de conocimiento de los órganos defensores del ejercicio del periodismo tanto a nivel estatal como federal.
