Carolina Gómez Mena
Ciudad de Mëxico. La Arquidiócesis de México advirtió que mientras el “país se desangra” entre corrupción y pobreza y la “violencia hace metástasis”, desde “las altas esferas de la burocracia se presumen los mejores índices macroeconómicos” y se “consumen fuerzas y recursos en campañas políticas y el sostenimiento de partidos”. Esta situación -alerta- pone en grave peligro nuestra viabilidad en el futuro”.
En el editorial del semanario Desde la fe titulado “El país se desangra”, refiere que durante las últimas semanas, en distintas regiones del país, “la violencia no ha dado tregua” y comenta que Tamaulipas “ha visto prolongadísimos combates en la disputada por el control de plazas entre cárteles de la droga”.
También comenta lo ocurrido en el penal de Reynosa que “se convirtió en zona de guerra ante la impotencia de las autoridades para controlar la situación”, mientras “en Veracruz desde enero hasta abril se habían dado 620 ejecuciones violentas; en Guerrero todos los días se reportan asesinatos sin control” y “Oaxaca padece las mismas circunstancias cuando grupos criminales realizan actos de terror contra la población indefensa”.
Acotó que a esto se suman “amenazas y amedrentamientos a los ciudadanos, quienes deben sobrevivir en incertidumbre absoluta y estado de indefensión”.
Alude que “no se garantiza los mínimos de seguridad” a la población debido a la “impotencia de las autoridades que tienen flancos abiertos, por un lado de falta de respuesta contra el alto impacto de fuego de la delincuencia y por el otro del poder de la corrupción que carcome los tres niveles de gobierno, en lo que se ha llamado la narcopolítica, relaciones de connivencia entre delincuencia e instituciones”.
Apunta que la “ausencia de autoridad que apacigüe al crimen provoca que actores con autoridad moral salgan a dar la cara para acordar, por lo menos algunas cláusulas de paz y seguridad para ciertos sectores que en el pasado gozaban de respeto”.
En tal sentido resalta lo hecho por el obispo de Chilpancingo- Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, que “no ocultó el acercamiento que sostuvo con miembros de la delincuencia para acordar lo que las autoridades ya no garantizan: seguridad”.
Así mismo habla del hecho de que “muchos sacerdotes, en comunidades apartadas del país son blanco fácil y viven bajo la gran presión del crimen organizado que les impide realizar su misión evangelizadora, prohibiéndoles incluso pronunciar la palabra narcotráfico o hacer algún cuestionamiento que ponga de manifiesto su inmoral actuación, pues lo pagan con la vida” y añade que en el ese contexto de violencia “la cuota por derecho de piso para realizar actividades parroquiales, resulta lo de menos”.
Insistió en que ” la intervención del clero” para detener estas situaciones se explica por la existencia de un “vacío de poder institucional”.
