Carlos López Torres
La competencia política, no de propuestas para frenar la descomposición del decadente sistema político mexicano, sino para mantenerlo a como dé lugar, se refleja en el reparto y la asignación de un presupuesto cuyo destino tiene que ver con el quehacer electoral y el control de los votantes.
El mantenimiento de apoyos a los diputados federales, por ejemplo, para que estos dispongan de recursos que invertirán en determinadas obras en su respectivos distritos, a cambio de los conocidos moches o comisiones convenidas con los funcionarios estatales o municipales, cumplen con el fortalecimiento de las “correas de transmisión” del gobierno y los partidos políticos.
Lo mismo ocurre desde siempre con el corporativizado movimiento social convertido en un ente clientelar, habituado a las dádivas de temporal o el reparto de migajas en lugar de obras de fondo que solucionen algunos de los graves problemas existentes, condicionado a mantener el apoyo a los aparatos burocráticos del gobierno, los partidos o de las propias organizaciones del clientelismo.
No es mera casualidad que el entramado legal, lleno de lagunas y recovecos, que rige el uso de los recursos que destina la Federación a las entidades y los municipios se haya mantenido por décadas intocado, permitiendo que los gobiernos estatales y sus respectivos titulares hagan uso indebido de nuestros impuestos, o en el mejor de los casos, dispongan a su arbitrio de dichas participaciones.
Son 25 los estados denunciados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuyas prácticas recurrentes como pagos a empresas inexistentes, mal manejo de políticas públicas, desvío de recursos, entrega a destiempo de obras y sobreprecios de las mismas, se han hecho costumbre a ciencia y paciencia de la autoridad que, como la PGR, prefiere ofrecer recompensas en lugar de actuar a tiempo contra los gobernantes malversadores de fondos públicos y/o coludidos con el crimen organizado en su momento.
En entidades como la nuestra, donde más de 95 por ciento del presupuesto depende del apoyo federal, el uso del presupuesto no es diferente a la otras entidades donde el escándalo ha dejado perplejos a propios y extraños, aunque los adeptos a la aplicación del viejo refrán que reza: mal de muchos…, no se cansan de establecer con los cuantiosos fraudes de otros en comparación con los chiquitos pellizcos dados por los ex gobernantes locales.
Acaso por ello, resulta oportuno y necesario que el presupuesto presentado por el titular del Ejecutivo al Congreso del Estado sea dado a conocer ampliamente con sus respectivos argumentos y se invite a la población a emitir ampliamente su opinión antes de ser aprobado.
Uno tiene derecho a saber, por ejemplo, ¿por qué se destina mayor presupuesto a los diputados y los partidos políticos cuando los resultados de estos son por lo menos discutibles? ¿Será que el mantenimiento del mismo presupuesto a la UASLP tiene que ver con privilegiar la educación tecnológica, como sugirió en días pasados un empresario?, ¿o que igual el mantener a la Comisión Estatal de Derechos Humanos sin aumento a su presupuesto representa una limitante, justamente cuando el deterioro de los derechos de los potosinos es más que evidente?
