Ciudad de México. Las comisiones de derechos humanos nacional y de los estados de la República privilegian el respeto al debido proceso de los imputados de un delito por encima de los derechos legales de las víctimas y ofendidos, coincidieron en señalar los juristas Samuel González Ruiz, Daniel Cabeza de Vaca y Marco Vinicio Loera, padre de la jóven Priscila que fue secuestrada y asesinada en 2007 en la Ciudad de México.
Al participar en la primer mesa de análisis del foro internacional Equidad para las Víctimas del Delito, organizado por la asociación civil Alto al Secuestro, los participantes coincidieron en que el modelo jurídico que debe imperar en el sistema de justicia penal acusatorio es el modelo garantista, ampliamente difundido por el jurista italiano Lugi Ferrajioli, que privilegia el respeto al debido proceso de las partes de un litigio.
“Nosotros proponemos el respeto al debido proceso, sí; pero que sea un respeto en igualdad de circunstancias, igual para víctimas que para imputados”, dijo Samuel González, quien fue titular de la UEDO, antecedente de lo que es hoy la SEIDO (Subprocuraduría contra la delincuencia organizada) de la Procuraduría General de la República (PGR).
De su lado, Marco Vinicio Lorea informó que él y sus abogados ya lograron echar abajo una resolución de una sala del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México, que había otorgado un fallo favorable a los secuestradores de su hija Priscila por supuesta tortura durante su detención.
Dijo que obtuvo un amparo en el que quedó demostrado que la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de México dio recomendaciones que favorecieron a los secuestradores de su hija, a pesar de que no quedó plenamente demostrada la tortura que alegaron los plagiarios.
“Cuando una víctima está sufriendo y recibiendo dolor por parte de unos secuestradores, porque con eso ellos creen que pueden obtener el rescate de millones de dolares, lo siguen haciendo porque las instituciones no funcionan y hay impunidad”, expuso Vinicio.
Añadió que no habría igualdad de armas en los procesos (entre víctimas y procesados) “si no fiueta por esas madres como la señora Rosario Ibarra de Piedra o Isabel Miranda de Wallace que reclamaron sus derechos como víctimas u ofendidos”.
“Las autoridades capitalinas lo dicen cabalmente por parte de nuestros amparos que hemos tramitado, nos dicen que no están obligados legalmente de avisarnos a las víctimas de delitos sobre resoluciones del Ministerio Público”, añadió.
“Yo les quiero decir lo siguiente: en los hechos ni siquiera los jueces han sido capaces de respetar la igualdad de armas.
Daniel Cabeza de Vaca, ex procurador de la República dijo que otro tema fundamental es el cuidado debido a la cadena de custodia de la escena del delito.
