Carlos López Torres
A propósito del intento anunciado de aumentar diferentes impuestos para paliar los efectos de los recortes al presupuesto federal, no dejan de escucharse voces diversas, algunas de ellas que rayan en la comicidad y otras que advierten en el caso de la pretensión de aumentar los valores catastrales sólo a una parte de la ciudad, que de concretarse tal revaloración se evidenciaría que mientras una parte de la ciudad es de primera la otra es de segunda, lo que aseguran los defensores de los ciudadanos de primera no sería conveniente.
En el debate sobre el tema tributario se omite deliberadamente reconocer que la distribución de lo recaudado, tradicionalmente resulta restrictiva para quienes no eligieron ser habitantes de segunda o de tercera, quienes sin embargo llevan siglos esperando que algún día se haga justicia en su pobre humanidad y su miserable hábitat. Los recortes, como bien se sabe, no sólo impactarán el fallido combate a la pobreza, sino a sectores como el educativo, el de la salud y otros, para variar.
Aún más, pareciera que los ardientes defensores del statu quo sólo utilizan a los miles de habitantes de las olvidadas colonias del norte y parte del poniente de la ciudad que asimismo serían afectados, con el propósito de simular una inusitada preocupación por los miles de pobladores carentes de servicios, que les permita cierto bienestar y un espacio digno dónde habitar aunque sigan de por vida siendo de segunda, no obstante el pago de impuestos y servicios que dejan mucho que desear.
Por supuesto, nadie está negando el derecho a inconformarse por el proceder unilateral de la autoridad, aunque ello no es de extrañar en medio del autoritarismo que está acostumbrado a imponer, recurrentemente usa nuestros impuestos en obras de relumbrón o, en el mejor de los casos, que sólo benefician a contratistas y/o a los de primera de siempre, mientras la mayoría de los contribuyentes de segunda y tercera sigan esperando que la retórica en materia de obras e inversiones ceda paso a verdaderas acciones que pongan fin a la defraudación político-financiera desde siempre impune con la que actúan los gobernantes.
Si los miles de funcionarios de los diferentes niveles de gobierno en la entidad, todos ellos de primera por supuesto, regresaran parte de lo que se llevaron o en su momento nunca aclararon satisfactoriamente en qué lo utilizaron, miles de obras y pendientes se hubieran ya realizado. Sin embargo, la inmensa mayoría de quienes han “rendido cuentas” con observaciones, o de plano como es el caso de algunos ex alcaldes especialmente quienes se mal desempeñaron en la capital, tienen pendientes con la justicia que no los alcanza, y como dijo Don Teofilito… otro gallo nos cantaría en materia de devolución de obras a cambio del pago de impuestos.
Ante la proximidad de la discusión y aprobación en su caso, como dicen los reprobados diputados, de los proyectos de leyes de ingresos de los municipios y de los tres poderes, así como de la aprobación de las leyes de egresos, se hace necesaria la vigilancia y la intervención de quienes seguiremos pagando impuestos, aunque a los de primera del primer mundo, es decir, a los apapachados armadores, no sólo se les exente de impuestos por años, sino se les permita pagar bajos salarios de donde tendrán que pagar las y los trabajadores sus respectivos impuestos.
