Emir Olivares y Víctor Ballinas
Ciudad de México. La transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) a Fiscalía General no debe ser cosmética, por el contrario, los debates legislativos deben centrarse en alcanzar una nueva instancia independiente, autónoma, ajena a intereses políticos; además, la prioridad debe ser el diseño de la institución antes que el nombre de quien será su titular, aseveró el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab.
Subrayó que las reformas constitucionales y legislativas que se formulen para alcanzar este objetivo deben tener como eje rector a la justicia y al fortalecimiento del estado de derecho. En ese marco, llamó a los senadores analizar en el actual periodo de sesiones las reformas para alcanzar este objetivo.
El funcionario internacional participó esta mañana en la inauguración de un seminario sobre el combate a la impunidad en América Latina, organizado por diversas organizaciones civiles y que se realizó en el Senado de la República. Ahí, recordó que existe un consenso amplio de órganos nacionales e internacionales de que el sistema de procuración de justicia en el país enfrenta una grave crisis y que la confianza de los ciudadanos en las instituciones es muy baja.
“El Senado tiene una ventana de oportunidad para demostrar su voluntad e incidir en la creación de una Fiscalía General de la República con una mirada de largo plazo. México requiere de un sistema de procuración de justicia que logre romper con los círculos de impunidad y corrupción, y la reforma al artículo 102 (de la Constitución) es un primer paso en esta discusión”.
Enfatizó que “sería un error” reducir la deliberación de la creación de esta nueva instancia a un mero debate sobre el perfil de su titular. Si bien, dijo, antes de ello es preciso definir el diseño de la institución.
Aunque, acotó, “ni el mejor diseño institucional garantizará el éxito si no hacemos la selección de su titular basada en mérito, con base en sus cualidades y no en intereses partidistas. Su designación debe darse de la consulta abierta, participativa e incluyente. Tener a un fiscal con esas características, con un proceso de selección que se apegue a los estándares internacionales e independencias de las fiscalías, sería un paso importante para lograr una fiscalía autónoma”.
Aseveró que en México en casi todos los principales problemas de derechos humanos, en casos de corrupción u otros delitos, la impunidad es el denominador común.
El titular en México de la ONU-DH refirió que es entendible que el modelo de impartición de justicia no puede abstraerse de la compleja situación de seguridad que enfrenta México, pero subrayó, éste debe estar principalmente al servicio de la justicia y no de los sistemas de seguridad pública.
“Resulta fundamental que la instauración de la nueva fiscalía sea antecedida de una reforma constitucional que pueda garantizar la autonomía y el profesionalismo y la rendición de cuentas. La autonomía debe ser funcional, presupuestal y administrativa. Se necesita garantizar la creación de servicios profesionales de carrera y de mecanismos de control tanto internos como externos sociales. Igualmente, los procesos de selección y remoción de fiscales deben ser ajustados a los principios de transparencia, idoneidad y debido proceso”, recomendó.
Resaltó que en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, como el que se vive en México, se requiere de una política de investigación criminal centrada en las víctimas y con herramientas sólidas para poder investigar contextos sistemáticos de comisión de delitos con violaciones a estas garantías fundamentales.
Destacó que desde la perspectiva internacional una de las recomendaciones que hizo el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, recomendó al Estado mexicano tras su visita al país en octubre de 2015, fue la creación de un consejo asesor de renombrados expertos en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad.
En ese sentido, Jarab dijo que esta idea podría aportar a la discusión de cómo fortalecer al ministerio público y sobre las estrategias y reformas que impulsen las capacidades de la investigación y la sanción.
“Este consejo podría contribuir en la elaboración de recomendaciones y en la evaluación de la implementación de las políticas a través de una asesoría técnica e independiente. Hasta la fecha no se le ha dado cumplimiento a dicha recomendación”, lamentó.
