Por Elio Henríquez, corresponsal
San Cristóbal de Las Casas, Chis. El proceso judicial que las autoridades de Honduras llevan a cabo por el atentado en el que fue asesinada la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Bertha Cáceres y herido el ambientalista mexicano, Gustavo Castro Soto, “ha estado caracterizado por la violación de los derechos humanos y garantías procesales” en contra del director de la Asociación Civil Otros Mundos Chiapas, acusaron familiares.
Dijeron que Castro Soto ha sido sometido a “largas jornadas de espera para la práctica de las diligencias investigativas, a la falta de tiempo de reposo entre la realización de las mismas, falta de acceso a sus fotocopias de todas las diligencias, falta de asistencia médica y sicológica como víctima de un delito grave, retención de sus pertenencias y sobre todo la prohibición de salir del país, medida que la propia jueza del caso Victorina Flores, reconoce en su resolución como no prevista para testigos”.
En un comunicado, los familiares de Bertha Cáceres y de Gustavo Castro, así como el Copinh, aseguraron que además, la jueza Flores, del Juzgado Primero de Letras de La Esperanza, Intibucá, resolvió el jueves “negar el recurso de reposición interpuesto contra la prohibición de que Castro Soto salga del país por 30 días”.
Manifestaron que la jueza argumenta que el mexicano “incumplió un citatorio”, el cual él “nunca tuvo por recibido cuando se suscitó el incidente del aeropuerto”, para negarle su salida del país centroamericano, ya “las autoridades policiales y fiscales se limitaron a impedir su salida sin hacerle entrega alguna de citación”.
Subrayaron que la jueza “aduce que incurrió en el delito de desobediencia y que podría haber librado una orden de captura” en su contra.
“Las irregularidades cometidas se suman a las del proceso general de investigación administrativa y judicial que se ha llevado a cabo en el esclarecimiento del asesinato de Bertha Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro”, ocurridos el 3 de marzo en La Esperanza, Intibucá, agregaron.
Dijeron temer que “con estos indicios la jueza esté predispuesta para fincar responsabilidades penales a Gustavo Castro, víctima, testigo y defensor de derechos humanos”.
Expresaron que “del mismo modo, las actuaciones de la Fiscalía y del Juzgado, han dejado en un estado de indefensión total a las víctimas y testigos, limitándose documentación fundamental para su representación en el proceso como la copia de todas las diligencias en las que han participado y al constituir una práctica inhibitoria para el ejercicio de la representación legal por cualquier abogado que quiera representarlas”.
Los familiares de Cáceres y Castro Soto consideraron que la embajada de México en Honduras, “debe de redoblar los esfuerzos para restituir los derechos de Gustavo Castro y proteger su integridad física y sicológica, de acuerdo con los más altos estándares de derechos humanos, frente a una detención ilegal en Honduras y el peligro de su criminalización”.
