Angélica Campillo
Este jueves 29 de septiembre el Cabildo capitalino someterá a consideración y, en su acaso, aprobación las modificaciones al reglamento de Ecología, donde, además del alza a las sanciones por violar los artículos señalados en el mismo, se prevé el cobro de un nuevo impuesto a todos los comercios que emiten contaminantes al ambiente, el cual se denomina Cédula de Operación Anual (COA), refirió el titular de dicha área, David Cortés Lugo.
El funcionario municipal detalló que dentro de las modificaciones al reglamento de Ecología viene el alza en las multas, pero adicionalmente se está proponiendo la implementación de una licencia ambiental llamada COA para establecimientos mercantiles, que es un registro de emisión y transferencia de contaminantes, y es una obligación a nivel internacional que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya está llevando a cabo a nivel nacional, y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente también lo ha efectuado, por lo que ahora el municipio pretende realizarlo en comercios de la capital potosina.
Apuntó que todas aquellas empresas y negocios, como restaurantes, pollerías, entre otros, que generen emisiones a la atmósfera, están obligados a reportar a la Dirección de Ecología lo que emitieron al año para poder informárselo a la población y, sobre todo, va encaminado al cambio climático: “queremos saber la cantidad de aportación de dióxido de carbono que estamos a nivel global y sobre todo sentar las bases para empezar a asentar el inventario municipal de gas de efecto invernadero”, ahondó.
Según la Semarnat, la COA es un trámite que sirve para reportar las emisiones y transferencias de los establecimientos sujetos a reporte de competencia federal (fuentes fijas de jurisdicción federal), grandes generadores de residuos peligrosos, prestadores de servicios de manejo de residuos, los que descarguen aguas residuales a cuerpos receptores que sean aguas nacionales, y los que generan emisiones de compuestos y gases efecto invernadero equivalentes a 25 mil toneladas o más de bióxido de carbono de los diferentes sectores productivos del país.
