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Los fabricantes de analgésicos con receta han adoptado una estrategia en los 50 estados de Estados Unidos que incluye cientos de agentes de cabildeo y millones de dólares en contribuciones de campaña para ayudar a desbaratar o debilitar medidas dirigidas a frenar la oleada de opiáceos con receta, los medicamentos que protagonizan una crisis que se ha cobrado la vida de 165 mil personas y sumido a muchos otros en una demoledora adicción.
Las farmacéuticas aseguran que están combatiendo la epidemia de adicciones, pero Associated Press y el Center for Public Integrity descubrieron que a menudo emplean tácticas de demora o defensa en las cámaras de representantes estatales, como financiar a grupo activistas que enarbolan la bandera de la independencia para resistirse a límites sobre fármacos como OxyContin, Vicodin o el fentanilo, el narcótico relacionado con la muerte de Prince.
Entre 2006 y 2015, la industria y sus aliados gastaron en todo el país más de 880 millones de dólares en cabildeo y contribuciones de campaña, más de 200 veces que lo que gastaron los defensores de aumentar el control sobre los fármacos y ocho veces más de lo que invirtieron en ese periodo los influyentes grupos de defensa de la libertad de armas, según descubrieron AP y el Center for Public Integrity.
Las farmacéuticas y sus grupos activistas aliados, como la American Cancer Society Cancer Action Network (Red de Acción contra el Cáncer de la Sociedad contra el Cáncer), también contrataron a una media anual de mil 350 agentes de cabildeo en total, en capitales estatales como Olympia o Tallahassee en ese periodo, en el que la naturaleza adictiva de los opiáceos se vio bajo un creciente escrutinio.
Las empresas y sus grupos aliados tienen varios intereses legislativos, además de los opiáceos, que suponen parte de su actividad política. Pero su presencia continuada en las capitales estatales implica que están capacitados para intervenir con rapidez en cualquier debate que les afecte.
“Los defensores de los opiáceos han hecho todo lo que pueden para mantener la situación actual de estilo agresivo de prescripción”, dijo el doctor Andrew Kolodny, un defensor muy activo de que se reforme la legislación. “Cosechan enormes beneficios del estilo agresivo de prescripción.”
Los opiáceos con receta son primos de la heroína que se prescriben para aliviar el dolor. Las ventas de estos medicamentos se multiplicaron por cuatro entre 1999 y 2010, creciendo al mismo tiempo que las muertes por sobredosis. El año pasado se entregaron 227 millones de recetas de opiáceos en Estados Unidos, suficientes como para dar un frasco de píldoras a nueve de cada diez adultos estadunidenses.
La industria dice estar comprometida con resolver los problemas relacionados con sus analgésicos. Las grandes fabricantes de opiáceos han lanzado iniciativas que, entre otras cosas, fomentan prescripciones más prudentes.
“Nosotros y nuestros miembros nos alzamos junto con los pacientes, proveedores, fuerzas de seguridad, legisladores y otros al pedir y apoyar políticas y acciones nacionales para combatir el abuso de opiáceos”, dijo el grupo del sector Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (Fabricantes e Investigadores Farmacéuticos de Estados Unidos).
Legisladores de todo el país han iniciado intentos de limitar la oleada de prescripciones y evitar las sobredosis. En Nuevo México, por ejemplo, se consideró en 2012 una ley para limitar las recetas iniciales de opiáceos a casos de dolor agudo presente durante siete días, para reducir las posibilidades de adicción y producir menos píldoras sobrantes que pudieran acabar en el tráfico ilegal. La propuesta no pasó del Comité de Justicia de la cámara estatal.
Tanto la academia como el grupo de cáncer han trabajado en todo el país, defendiendo el argumento de que los legisladores deben equilibrar los esfuerzos para combatir la crisis de opiáceos con las necesidades de los pacientes con dolor crónico. Entre los dos grupos han contactado a legisladores y otros cargos públicos por medidas relacionadas con los opiáceos en al menos 18 estados.
La Sociedad contra el Cáncer tiene unos 200 cabilderos en todo el país que se oponen a las restricciones a los opiáceos, incluso en los casos en que las medidas eximen expresamente a los pacientes de cáncer.





