Afp
Madrid. El nuevo gobierno del Ayuntamiento de Madrid, integrado por una coalición de partidos derechistas, anunció como su primera medida tras alcanzar el poder después de las elecciones del pasado 26 de mayo que abrirían una “moratoria” en las multas por el incumplimiento de Madrid Central, el programa estrella de la anterior administración, presidida por la independiente Manuela Carmena.
Este plan prevé el cierre al tráfico rodado de vehículos contaminantes a la parte central del casco histórico de la capital española, con la intención de reducir los altos índices de contaminación y, sobre todo, cambiar la forma de entender los desplazamientos en las metrópolis.
“Madrid Central” entró en vigor en enero pasado, convirtiéndose en la principal apuesta del gobierno de entonces por cambiar definitivamente el rostro de la ciudad, reducir los altos índices de polución en el aire y restringir definitivamente el tráfico rodado en las zonas más conflictivas en cuanto a tráfico y contaminación. El plan apenas duró en funcionamiento seis meses, si bien fue tiempo suficiente para comprobar los beneficios en cuanto a la mejoría en el tráfico rodado, la calidad del aire en la zona restringida y la transformación en la mentalidad de los citadinos en utilizar el coche lo menos posible para los desplazamientos por el centro.
Si bien también la medida provocó un sinfín de críticas y detractores, sobre todo porque se hizo de forma premeditada, sin un plan suficientemente perfeccionado para el cierre del tráfico y por las consecuencias de la medida en los comercios de la zona afectada.
A pesar de los beneficios anunciados por el anterior gobierno y que convirtió Madrid Central en uno de sus lemas de campaña, en los anteriores comicios la candidatura de Manuela Carmena fue la lista más votada, pero no logró los apoyos suficientes para reeditar el gobierno frente a la coalición que formaron los tres partidos de derecha en Madrid: el Partido Popular (PP), Ciudadanos (C´s) y Vox, que sumaron más de cien mil votos y dos diputados más que los partidos de izquierda -Más Madrid y el Partido Socialista de Madrid-.
Y el nuevo gobierno local, presidido por José Luis Martínez Almeida, del PP, confirmó tras ser investido alcalde que abriría una moratoria en las multas por Madrid Central, al menos hasta que se decida si se mantiene o no el programa y se evalúan los efectos que tiene en los sectores afectados y que han hecho campaña en contra del programa. La moratoria en las multas supone de facto la eliminación del plan, una vez que todos los vehículos y conductores podrán circular por las zonas restringidas.
Asociaciones de vecinos próximas al anterior gobierno municipal y agrupaciones ecologistas realizaron diversas acciones de protesta y sabotaje a la medida adoptada por el nuevo gobierno local, al denunciar que la moratoria supone un atentado contra la salud pública y pone en riesgo, además de la calidad del aire de los habitantes de Madrid, también de que la Unión Europea multa con una sanción millonaria a la capital española por no reducir los índices de contaminación en el aire tal y como exige la normativa europea.
Uno de los voceros de Ecologistas en Acción, Juan Barcena, denunció que hoy mismo ya se sintieron los efectos de la “contramedida” del nuevo gobierno: “Los valores de contaminación están disparados. No se pueden hacer grandes comparativas de los valores de unas cuantas horas, pero esta mañana se han superado los 40 microgramos por metro cúbico, el límite legal, algo que prácticamente no ha ocurrido en el último trimestre”.
Además de las protestas vecinales, el PSOE y varias organizaciones no gubernamentales anunciaron que llevarían a los tribunales la moratoria anunciada por el nuevo gobierno local, en el que todavía no está claro si finalmente decidirán cancelar definitivamente el plan de “Madrid Central” y si por el contrario lo asumirán con algunos cambios exigidos por algunos sectores afectados.
