René Alberto López
Villahermosa, Tab. Entre gritos de “traidores”, “vendidos”, y “nos vemos en el 2021” de un grupo de ciudadanos que irrumpió en el Congreso de Tabasco, los diputados discuten la iniciativa conocida ya como ley garrote, que será sometida este lunes al pleno.
Previo a la sesión, diputados de oposición al partido Morena -que gobierna el estado y es mayoría en el Congreso- propusieron cambiar el sentido de la redacción de la llamada ley garrote a fin de “desgeneralizarla” y precisar que no es en contra la libre manifestación.
Señalaron que otra alternativa es la realización de una consulta ciudadana, pues de lo contrario votarán en contra.
El secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, arribó al Congreso del estado para dialogar con los legisladores y proponerles cambios a la redacción del documento original que plantea hasta 20 años de prisión a quienes realicen bloqueos en las carreteras e impidan la ejecución de obras públicas o privadas.
Dijo que el gobierno estatal, encabezado por Adán López Hernández, de Morena, es respetuoso de las manifestaciones pacíficas y explicó que la ley es para penalizar a los “seudodindicatos” que extorsionan a las empresas cerrando caminos.
Por parte del PRD, la vicecoordinadora parlamentaria Elsy Lidia Izquierdo Morales, consideró que la administración estatal debe de llamar a consulta ciudadana para someter si se aprueba o no la ya conocida ley garrote.
Agregó que la iniciativa tiene como trasfondo el proteger a empresarios que llegarán supuestamente a trabajar a Tabasco y se trata de una propuesta contraria al origen del propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mencionó que en lo personal ella votará en contra de esta instancia enviada por el Ejecutivo estatal. El PVEM exige la modificación del dictamen, expresó el vicecoordinador de ese partido, Carlos Mario Ramos Hernández. Aseguró que de lo contrario su voto será en contra de la iniciativa.
En tanto, el PRI adelantó que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación si es aprobada la iniciativa de penalizar con cárcel a quienes impidan la ejecución de trabajos u obras públicas, y de uno a ocho años a quien obstaculice una vía de comunicación local.
La integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, Ingrid Rosas Pantoja, expuso que se trata de una ocurrencia y abuso del artículo 9 constitucional que permite la libre manifestación.
Dijo que Morena se equivocó y exageró las penas, que incluso son mayores a otros delitos graves que se cometen como violación, abuso sexual o cortar algún miembro corporal a alguna persona, por lo cual se trata de una ley antimarchas.
