Renata Terrazas*
Desde hace varios años distintas organizaciones de la sociedad civil han señalado graves deficiencias en los procesos de designación de titulares de organismos públicos autónomos, universidades autónomas y del Poder Judicial. Dichas deficiencias apuntan hacia el desarrollo de procesos donde impera la opacidad y la discrecionalidad, lo que suele traducirse en la designación de perfiles poco óptimos y vinculados al poder político.
La designación de los titulares de los órganos reguladores del poder o de las dependencias que administran la justicia es especialmente grave ya que minan la construcción de instituciones democráticas al limitar el desempeño de sus funciones a los caprichos del poder político.
De manera particular, los procesos de designación de los titulares de los organismos garantes de la transparencia, tanto en el ámbito nacional como el sub-nacional, han estado plagados de irregularidades que en su momento se han señalado a través de la plataforma de Designaciones Públicas.
Ahí mismo se han propuesto mecanismos para dotar a estos procesos de certeza jurídica, al tiempo que se hacen de manera abierta y transparente, para con ello abonar hacia la construcción de legitimidad de las instituciones.
Pocos ejercicios han incorporado las propuestas de organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo procesos de designación adecuados en un contexto democrático; entre ellos encontramos el proceso federal para el entonces IFAI en 2014 y el del organismo garante de la transparencia de Sinaloa el año anterior.
La experiencia es poco representativa ya que al menos en el último año, sólo uno de los ocho procesos de designación (Baja California, Yucatán, Oaxaca, Sinaloa, Querétaro, Tabasco, Colima y Veracruz) se desarrolló con elementos de apertura y participación ciudadana.
El estado de Jalisco se encuentra en medio de un proceso de designación para dos de los tres comisionados del organismo garante de la transparencia del estado (ITEI), quienes hace unos días culminaron el periodo para el cual fueron designados.
Por primera vez observamos un proceso que desde los marcos legales plantea la participación ciudadana a través del diseño y aplicación de un examen de conocimientos en materia de transparencia, como primer filtro para su designación.
Si bien este ejercicio debería ser aplaudible, nos encontramos ante una pugna de poder entre los diferentes partidos políticos que continúan con la pretensión de imponer a sus candidatos para tratar de controlar al ITEI y para acomodar a personas con las cuales se tenga un compromiso derivado de favores políticos.
Jalisco acaba de lanzar su tercera convocatoria dado la imposibilidad de avanzar en el proceso de designación en las primeras dos, las cuales se han visto plagadas de señalamientos en donde se han filtrado los resultados antes que el propio Consejo los supiera, no se han entregado la totalidad de los documentos por algún aspirante, entre otras.
Para esta tercera convocatoria se espera que el cuidado del proceso sea de lo más minucioso posible para generar confianza en la población jalisciense, la cual se merece un organismo garante de la transparencia fuerte, que vele por su derecho de acceso a la información.
Ya sea por errores en el diseño o por pugnas políticas, como sociedad no debemos dejar que se empañe este proceso y habrá que mantenerse cercanos a lo que debiera ser una de las prioridades en la agenda pública: la designación de los titulares de instituciones democráticas.
En las siguientes semanas observaremos el desarrollo de este proceso, el cual debe servir de aprendizaje para otros estados que estén dando pasos en sentido correcto hacia el fortalecimiento de las instituciones.
Hoy es Jalisco el estado que se observa y el que deberá mantener al margen tanto a los poderes políticos como a las ambiciones personales que pretendes convertir al ITEI en un foro para el ejercicio de poder.
* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
