Juan Becerra Acosta
Durante años, una consigna se convirtió en dogma político: “¡El INE no se toca!”. Hoy, el instituto enfrenta una de las crisis más graves de su historia por presuntas irregularidades en contrataciones. La renuncia de Guadalupe Taddei y los señalamientos sobre administraciones anteriores obligan a preguntar: ¿qué habría pasado si el INE sí se hubiera tocado?
El 11 de marzo, la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención; no alcanzó la mayoría calificada. El PVEM y PT, aliados de Morena, votaron contra la iniciativa junto con PAN, PRI y MC. La propuesta eliminaba los 32 senadores de representación proporcional, modificaba la elección de los 200 diputados plurinominales y buscaba reducir el costo de las elecciones. Ganó el statu quo, la reforma no avanzó y el modelo permaneció intacto.
El 9 de noviembre, la presidenta Sheinbaum anunció otra iniciativa después de la elección intermedia de 2027, con controles y transparencia en el gasto electoral. Ahí está el nudo: la autonomía constitucional no puede convertirse en una patente de impunidad administrativa. Un instituto intocable es un instituto inauditable, y donde nadie mira, prospera la transa.
Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del INE en abril de 2023 con la promesa de abaratar las elecciones sin sacrificar su calidad. Su mandato concluía en 2032, pero renunció el 26 de octubre en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones. Tras afirmar que no dejaría el cargo, terminó responsabilizando a excolaboradores, mientras las investigaciones pusieron bajo la lupa contratos para adquirir mamparas, urnas y otros materiales. Se han señalado adjudicaciones directas por 197 millones de pesos, contratos por 245 millones atribuidos a un proveedor relacionado con el entorno familiar de Taddei y operaciones empresariales por mil 803 millones en distintas entidades.
La ASF revisa las operaciones y el INE presentó denuncias ante la FGR. Se reportó también la salida de al menos 30 colaboradores. La investigación del gobierno federal rastrea a proveedores electorales desde hace 27 años y señala que sus operaciones se fortalecieron entre 2014 y 2023, durante la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello.
¿Quién supervisó durante tantos años las contrataciones y la concentración de proveedores? Córdova presidió el Consejo General durante nueve años. Edmundo Jacobo permaneció aproximadamente 15 como secretario ejecutivo. Quince años: más de dos sexenios, sin explicaciones sobre los controles de sus gestiones. Si desconocían la concentración de contratos, ¿qué mecanismos de vigilancia funcionaban? Si la conocían, ¿qué hicieron para revisarla? La autonomía también exige responsabilidad de quienes condujeron el instituto.
Los señalamientos sobre vínculos de antiguos integrantes del INE con Somos merecen claridad, aunque una relación política no demuestra participación en irregularidades. Córdova dijo que no tiene inconveniente en que se revisen los contratos de su periodo y acusó a Morena de desviar la atención de los problemas de la gestión de Taddei. Que se revise todo. Los contratos de Taddei, los de Córdova y los de las administraciones anteriores. Sin excepciones ni escudos políticos.
El presupuesto también está en el centro de la discusión. La Cámara de Diputados aprobó recortes por alrededor de 6 mil millones de pesos respecto de lo solicitado por el INE. El presupuesto reportado tras los ajustes fue de aproximadamente 36 mil 912 millones de pesos. Debe tener recursos para organizar elecciones confiables, pero cada peso público exige transparencia y auditoría. Recortar el presupuesto no sustituye una investigación jurídica.
La arenga de “el INE no se toca” terminó convertida en un escudo que confundió dos cosas: defender la autonomía electoral y evitar que se revisara el funcionamiento de la institución. Una red empresarial investigada durante décadas no se desmonta con discursos. Se combate abriendo contratos, identificando responsables y sancionando a quienes hayan utilizado recursos públicos para beneficio propio.
La corrupción arraigada durante décadas no se erradica con consignas, sino con auditorías, topes, licitaciones abiertas, rendición de cuentas, y una reforma que toque cuantas veces sea necesario al instituto encargado de la democracia en México. Si se hubiera tocado en marzo, quizá en noviembre no estaríamos escuchando justificaciones.
La democracia no se defiende prohibiendo que toquen al árbitro, se defiende limpiándolo, garantizando que también rinda cuentas. El INE no necesita ser intocable, necesita ser confiable. Y ahora sí: que den la cara.
