Guillermo Luévano Bustamante
Hace unos meses que comenzaron a aparecer públicamente habitantes de diversas comunidades del municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí. Se trata de gente sencilla que ha constituido un comité en defensa de su territorio frente a la pretensión de instalar por esa región un tiradero industrial del millonario empresario potosino José Cerrillo Chowell, sobre quien recaen numerosas acusaciones que lo señalan como responsable de prácticas empresariales indebidas que encubre con pretendido altruismo sobre la región que le ha proveído su fortuna, el Altiplano potosino.
El proyecto que ahora emprende Cerrillo lo enarbola la negociación llamada socarronamente “Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula SA de CV” y se encamina a instalar en su predio privado Rancho Palula un confinamiento de residuos industriales tóxicos procedentes de la actividad minera en el vecino Zacatecas.
El comité opositor reconoció hace apenas unos días, en el Encuentro Estatal de Organizaciones Ambientalistas llevado a cabo en El Colegio de San Luis y convocado, además de por esa institución anfitriona, por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Comisión de Ecología del Congreso del Estado, que es preciso confinar los desechos, que eso es mejor que tenerlos dispersos, pero se preguntan ¿por qué han de contenerse los residuos en un territorio lejos de donde se produjeron y lejos de donde se queda la riqueza o su beneficio? En el Encuentro Ambientalista coincidieron enteramente los miembros del Comité de Santo Domingo y un grupo de habitantes del municipio General Cepeda, Coahuila, quienes expusieron una situación idéntica a la que se vive en el Altiplano potosino.
Además de las razones éticas y políticas para exigir que el tiradero de basura industrial se instale en la cercanía de los sitios donde se produce, porque eso garantizaría una mayor vigilancia de las autoridades ambientales, evitando el pretexto de la ubicación de los poblados remotos a donde no llega la inspección sanitaria, ambiental, ni mucha presencia del Estado, y que al trasladar residuos tóxicos los riesgos incrementan con la distancia, más aún si se carece, como es el caso, de un plan de contingencia, es preciso puntualizar que el proceso de instalación de la empresa ha sido peculiarmente irregular.
En principio, el Comité de Santo Domingo, que encabeza don Mario, se dio a la tarea de investigar los fundamentos y las razones por las que Cerrillo busca depositar ahí la basura de sus minas y poco a poco fueron reconstruyendo la historia de estas subrepticias intenciones. El permiso fue otorgado por el ex presidente municipal Flavio Tenorio, en compañía de la secretaría general y de la sindicatura del Ayuntamiento, en ese entonces en las personas de Santos Moreno y Guadalupe Orozco, pero sin contar con la aprobación del Cabildo. El permiso es en muchos aspectos ilegal, del cotejo de la autorización municipal, que no se consigna en el libro de actas de Cabildo, sino que es una hoja suelta que circula entre la informalidad y la oficialidad del acto administrativo, pueden observarse numerosas inconsistencias en cuanto a su alcance y legalidad, la solicitud del empresario y el permiso que recayó sobre aquella no concuerdan en la descripción del polígono autorizado y se incumplen requisitos inicialmente exigidos por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, que aún sin ser resueltos derivaron en una aprobación de esa máxima autoridad administrativa en materia ambiental del país.
La tímida difusión del proyecto se hizo, a semejanza de las intenciones de Cerrillo, un poco a escondidas, una copia fue depositada en las oficinas ¡de la Ciudad de México! y apenas se publicó en un periódico que no circula en Santo Domingo y en páginas ocultas y secundarias que sólo un investigador avezado y con objetivo específico hubiera encontrado. No lo vieron en Santo domingo hasta mucho después. Pero no se está ante la omisión de un acto voluntario, la publicidad del proyecto y su autorización es un mandato legal.
Aunque el confinamiento será supuestamente instalado en un predio particular, los efectos ambientales y sociales de su operación atañen a las poblaciones cercanas, por ello se están organizando las y los habitantes de Santo Domingo y otros municipios cercanos, que denuncian además a diversos operadores políticos, a quienes vinculan con la empresa, por intentos de soborno, en tanto que han ofrecido a activistas ayudarles a gestionar “visas” y “residencias” en Estados Unidos a cambio de su retiro de la oposición contra el confinamiento en esa zona.
En el mismo Encuentro Ambientalista de hace unos días previno el investigador Víctor Toledo, y hago eco de su sentencia, que contra los proyectos destructivos que corrompen, que se conducen ilegalmente anteponiendo intereses económicos particularísimos contra el bienestar de la comunidad, que la batalla final es por la vida, y por ello hay que ganarla.
Twitter: @GuillerLuevano
