Por Dpa
Washington. Familiares de la líder indígena hondureña Berta Cáceres aclararon hoy que no desean que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) investigue el asesinato de la activista.
Berta Zúniga Cáceres, hija de la líder hondureña asesinada el pasado 3 de marzo, y miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), manifestaron hoy su malestar, después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunciara que esa misión de la organización investigará el crimen, sin tener en cuenta el deseo de los familiares.
“MACCIH investigará corrupción política/económica en crimen #BertaCáceres”, anunció el miércoles Almagro en Twitter. “OEA con MACCIH responde positivamente a solicitud del Gobierno de Honduras de fortalecer investigación”, añadió el secretario general de la OEA en esa red social.
“Aclaramos (el miércoles en una reunión con Almagro) nuestro deseo de que no sea la MACCIH la que investigue el caso de mi mami, pero sin embargo han planteado todo lo contrario. Esto me preocupa como también me preocupa la confusión que esto crea a una comunidad que está expectante a lo que pasa en torno al caso”, dijo la hija de Berta Cáceres a través de un comunicado difundido hoy por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
La familia y el COPINH quieren que “un grupo independiente e interdisciplinario de personas expertas vayan a Honduras cuanto antes, para poder coadyudar en las investigaciones del caso”. Y confían en que “se respete la voluntad de las víctimas”.
La hija de Berta Cáceres exige que se cree un grupo de expertos independientes para investigar el caso del asesinato de la activista hondureña, similar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga en México la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Los familiares señalaron que la CIDH es “el único órgano con experiencia y competencia en violaciones de derechos humanos, correspondiéndole, por lo tanto, apoyar técnicamente en investigaciones de este tipo”.
Y consideraron que “no puede delegarse este trabajo a la MACCIH, al ser ésta creada para atacar redes y casos de corrupción y no contar con facultades suficientes para intervenir en el caso”.
La familia y el COPINH también mostraron su disconformidad ante cómo se está llevando el proceso de investigación por parte del Estado, “no teniéndoles en cuenta y no permitiéndoles tener una participación activa en las investigaciones, hasta tal punto que sólo se enteran sobre lo que acontece en el caso, a través de comunicados públicos”.
