Ciudad de México. Como parte de los trabajos del Evento de arranque de ejercicios locales de gobierno abierto 2016, que sumó a 10 nuevas entidades a los 13 estados que ya habían adoptado prácticas de gobierno abierto, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Joel Salas señaló que bajo el esquema tripartita para su instrumentación -gobiernos, organizaciones sociales y el Inai-, no se validarán simulaciones gubernamentales.
“La postura del Inai es muy clara, si no se siguen las reglas mínimas que se desprenden de la declaratoria que han firmado los 10 estados que se incorporan, el Inai no puede acompañar este ejercicio”, aseguró Salas, quien preside la comisión de Gobierno Abierto del Inai.
Mencionó incluso que, en este contexto, se determinó dar de baja a una entidad por incumplir con los criterios mínimos de las prácticas de gobierno abierto, desde su construcción.
Refirió que entre los pasos a seguir está el hacer una convocatoria pública abierta a todas las organizaciones de la sociedad civil, para que formen parte del ejercicio y que éstas sean las que definan quién las va a representar en el seno del secretariado técnico tripartita”, remarcó.
Durante la presentación del libro Gobierno Abierto en México, la investigadora de la UNAM Issa Luna Pla subrayó la importancia que tiene potencializar la participación social en la definición de programas y acciones gubernamentales, así como en la vigilancia de su instrumentación.
Sin embargo, reconoció que existen riesgos de perversión del mecanismo y que los gobiernos locales convoquen solamente a organizaciones afines para legitimar sus políticas sin que pasen necesariamente por una verdadera participación social.
En este marco, algunas organizaciones sociales señalaron los riesgos de que sean utilizados sólo para legitimar las políticas gubernamentales y alertaron que ya en algunos casos se están realizando convocatorias cerradas, sin participación abierta.
En su oportunidad, el director general de Gestión Social y Cooperación, Alejandro González, subrayó que en los últimos dos años se ha registrado una importante transformación en materia de transparencia al menos en el marco legal, lo que abre la expectativa para una mayor transparencia y una más amplia participación social.
Señaló que en realidad hay un cambio de “paradigma” en el que se comienza a asumir la necesidad gubernamental de tener un control social de las políticas públicas porque contribuye realmente a resolver los problemas públicos.
