Jessica Xantomila
Ciudad de México. Las comunidades afectadas por la construcción de la presa El Zapotillo rechazaron el dictamen de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y ONU Medio Ambiente por “tendencioso”, al considerar únicamente “variables en relación a la presa y no contempló otras alternativas para el abastecimiento del agua”.
El 29 de junio pasado, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, dio a conoce que la cortina de la presa El Zapotillo se terminará de construir a 105 metros de altura, basado en el estudio encargado por el mismo gobierno jalisciense y que tuvo un costo de 90 millones de pesos.
En conferencia de prensa, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), así como el Colectivo Abogados, indicaron que en el Proyecto “Jalisco Sostenible, Cuenca del Río Verde”, se propusieron cinco escenarios, cuatro que validan la construcción de la presa con una cortina de 105 metros y sólo uno consideró ésta a 80 metros, lo que evitaría que la comunidad de Temacapulín quedara inundada.
“Tiene deficiencias técnicas importantes pues el modelo se basa en variables de presa, sin tomar en cuenta la viabilidad de la misma, es incompleto, porque no aporta elementos para la gobernanza, ni ayuda a la resolución del conflicto presente en el Río Verde, es costoso, pues no aporta mayores datos”, dijeron.
Y agregaron que también “criminaliza a nuestros asesores y a nuestra lucha”.
Recordaron que existen otros informes y recomendaciones como las emitidas por el Relator de Alimentación, la Relatoría de Vivienda, el Grupo de Trabajo de empresas y Derechos Humanos “y recientemente el Relator del Derecho al Agua y al Saneamiento de la ONU, así como la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, todos han pedido a las autoridades mexicanas no imponer el proyecto y tomar en cuenta” a las comunidades.
La presa El Zapotillo -promovida desde 2005- es impulsado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, con el fin de “abastecer de agua potable” a las ciudades de León, Guanajuato, el área metropolitana de Guadalajara y 14 municipios de los Altos.
“La superficie de inundación se calcula en 4 mil 500 hectáreas, que sepultarían miles de hectáreas de tierras fértiles”, se perdería “riqueza ambiental, producción agrícola y, particularmente, la inundación de tres comunidades: Temacapulín, Palmarejo y Acasico”.
Gabriel Espinoza, del Comité Salvemos Temacapulín, señaló que las comunidades que se verán afectadas no han sido consultadas sobre este proyecto y que no aceptarán que los reubiquen.
Agregó que ninguna reubicación ha sido exitosa. Las que ya se han presentado son incompletas, “no tienen seguridad legal de las nuevas propiedades, no hay servicios de agua, luz, ni de educación y salud”.
Tampoco, dijeron las organizaciones, aceptarán la intervención del ‘comando especial’ que enviará el gobernador de Jalisco a Temacapulín, ni de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
Asimismo, exigieron a los diputados federales y estatales no autorizar los presupuestos para la construcción de la presa , garanticen el respeto de los Derechos Humanos a los pueblos y el cumplimiento del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dictamina que la cortina de la presa no debe rebasar la altura máxima de 80 metros.
A los presidentes municipales de los Altos de Jalisco que no aprueben los cambios de uso de suelo, y a las Naciones Unidas revisar el comportamiento y trabajo desarrollado por la UNOPS y ONU Medio Ambiente en Jalisco y verifiquen “las violaciones a los Derechos humanos cometidas durante la realización del estudio”.
