Ciudad de México. El ombudsman Luis Raúl González Pérez advirtió que a 26 años de haberse fundado la CNDH, el reconocimiento constitucional de los derechos humanos no ha sido suficiente para garantizar su respeto y aplicación efectiva. Tampoco- insistió- ha prevenido por completo que esas garantías sean vulneradas.
“Esto ha ocasionado que la sociedad perciba un divorcio entre lo que dicen las normas y lo que ocurre en la realidad. La confianza en las instituciones y la certidumbre sobre la aplicación de la ley se ha perdido, o cuando menos debilitado ante la impunidad, la corrupción, la indiferencia y la ineficacia administrativa que las personas advierten y padecen de manera cotidiana”.
Al presentar su informe anual de actividades 2016 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, González Pérez refirió que México atravesó una coyuntura crítica de derechos humanos, por la inseguridad, violencia, desigualdad, pobreza y exclusión, y por la debilidad del Estado de derecho y la falta de acceso real a la justicia.
“Durante 2016 nuestras instituciones fueron severamente cuestionadas por factores como la falta de rendición de cuentas, la impunidad, los conflictos de interés, violaciones graves a derechos humanos, corrupción y falta de aplicación de normas”.
En el transcurso del año pasado, refirió, la CNDH emitió 72 recomendaciones dirigidas en su mayoría al IMSS; la Secretaría de Marina; PGR; Comisión Nacional de Seguridad y la Sedena.
Los derechos humanos violentados abarcaron casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, uso excesivo de la fuerza, violencia obstétrica, indebida prestación de servicios médicos, detenciones ilegales, ataques a la libertad de expresión, y afectaciones a los derechos de las personas en contexto de migración.
Al referirse a la propuesta de austeridad y control del gasto público que enunció el presidente Peña Nieto el ombudsman se pronunció porque el poder Legislativo elabore una ley general y obligatoria que imponga parámetros y medidas concretas de austeridad en el gasto.
“Ninguna medida adoptada en el ámbito exclusivo de la operación administrativa de las instituciones será suficiente ni podrá revertir los efectos de los aumentos en los combustibles y la incidencia que otros factores han tenido en la economía del país, de ahí la pertinencia y necesidad de una ley”.
Reveló que en la comisión encabezada por él habrá ahorros efectivos por 50 millones de pesos durante 2017.
En una larga exposición, también se refirió a la Ley de Seguridad Interior -en estudio y elaboración de un dictamen en el Congreso-, que dotaría de nuevas herramientas legales a las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada:
“La discusión sobre el marco normativo aplicable a las tareas que con carácter extraordinario -desde hace una década- llevan a cabo las fuerzas armadas, resulta relevante pero no implica por sí misma la solución a la inseguridad y violencia que nuestro país enfrenta”.
Luis Raúl González acudió a la Cámara de Diputados a rendir el informe referido y tuvo que esperar una hora con 15 minutos para que los diputados y senadores que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión alcanzaran el quórum de ley para iniciar la sesión que estaba programada para las 11 de la mañana.
Así, con dureza recomendó a los legisladores que la Ley de Seguridad Interior se formule bajo una perspectiva de derechos humanos.
“La formación y capacitación de policías, la inteligencia financiera y la investigación patrimonial, el fortalecimiento de la prevención; así como una revisión y replanteamiento de nuestro sistema penitenciario, son tan sólo algunos de los factores que se deberían de atender de manera adicional en una ley sobre seguridad nacional o interior.
“No podemos permanecer impasibles cuando advertimos complicidad y vínculos entre algunas autoridades y delincuentes, cuando aquellas que tienen que actuar para garantizar la seguridad y la convivencia pacífica no cumplen con tal obligación o pretenden delegarla a otros, como los llamados grupos de autodefensa, aun cuando con ello se transgreda la ley. No podemos resignarnos a que la ley sea objeto de negociación y a que su aplicación sea algo discrecional”.
