Julio Gutiérrez
La reforma judicial que fue aprobada en lo general y lo particular esta madrugada en el Senado de la República “socava el Estado de derecho y hace que la ley sea propensa a una aplicación arbitraria”, lo cual podría deteriorar más rápido de lo previsto las perspectivas económicas de México, planteó BBVA, el banco de mayor presencia entre los que operan en el país.
“La urgencia de reformar el sistema judicial en México es innegable, dada la persistente lucha contra la corrupción rampante y la impunidad. Sin embargo, la reforma judicial propuesta socava el Estado de derecho y hace que la ley sea propensa a una aplicación arbitraria. En consecuencia, las perspectivas económicas de México podrían deteriorarse fácil y más rápido de lo previsto”, dijo el banco.
En un análisis difundido por el banco a sus clientes corporativos e inversionistas, la institución financiera de origen español precisó que desde una perspectiva económica, un sistema jurídico fuerte e independiente es vital para atraer inversiones, ya que los inversores buscan estabilidad y previsibilidad, ambas respaldadas por un marco jurídico confiable.
“Si se percibe que el Estado de derecho es débil, podría disuadir la inversión extranjera y nacional (el fenómeno de relocalización de empresas), ya que las empresas pueden temer que sus derechos no estén protegidos. Esto puede sofocar el crecimiento económico, limitar la creación de empleo y endurecer las relaciones comerciales, en particular con Estados Unidos, exacerbando los desafíos económicos existentes”, señaló.
En el documento, titulado El contexto actual en México: de las reformas al Banco de México, la institución hizo un recuento de la serie de iniciativas que fueron presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de este año, mismas que, asegura, “han generado mucho debate y preocupación entre expertos y ciudadanos”.
“Si bien la necesidad de reformas en México es innegable, en particular ante la corrupción y la impunidad rampantes, estos cambios podrían hacer más daño que bien. Los especialistas sostienen que los cambios constitucionales propuestos podrían tener consecuencias perjudiciales para el Estado de derecho, poniendo fin a la división de poderes, politizando el poder judicial y la estabilidad económica, en particular en lo que respecta a las presiones sobre las finanzas públicas”, detalló.
