Federico Anaya Gallardo
A mediados de julio de 2024 aún parecía que las derechas podrían revertir algo de la victoria obradorista. (Incertidumbre, ese es el timbre característico de la Democracia.) El día 12 de ese mes, el magistrado Mauricio Barajas Villa –quien está adscrito como uno de los tres titulares del Segundo Tribunal Colegiado (TCC) en Materia de Trabajo del Primer Circuito (Ciudad de México) declaró ante la prensa, en un mitin de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal (que se promociona con las siglas “JUFED”), que él y sus compañeros –llamémosles jufeditas– buscarían evitar la sobrerrepresentación del obradorismo en las cámaras federales y que luego llevarían a instancias internacionales la reforma judicial propuesta por el presidente el 5 de Febrero pasado.
A principios de este mes de agosto la cruzada contra la sobrerrepresentación parece haber fracasado, luego de que la opinión pública corroboró (a) que las reglas que hoy benefician a la coalición obradorista beneficiaron antes a las coaliciones de derechas y (b) que la oposición de derechas pudo haber eliminado la regla que hoy le afecta cuando el presidente López Obrador propuso su Plan A en 2022. (Ni Dios ni la Ley defienden al tonto. Tampoco el Pueblo.) Este asunto aún deberá debatirse en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) pero el INE se ha manifestado a favor de aplicar la regla como se ha hecho hasta ahora –apegándose a la letra del artículo Constitucional que impone el límite de 8% de sobrerrepresentación a cada partido y no a una coalición de partidos. Esto dará al obradorismo dos tercios sobrados de la Cámara de Diputados aunque en el Senado quedará corto por menos de cinco votos. (Incertidumbre, otra vez.)
Lo que falta en el Senado se compensa en la calle porque el momentum radical del 2 de junio se ha sostenido y profundizado. Esto proviene de una auténtica y vieja molestia popular con todo lo judicial, pero también de que Morena lleva semanas realizando multitud de foros en los más diversos espacios por todo el país. Así las cosas, el análisis de la reforma judicial no sólo se ha hecho entre abogados, sino entre todo tipo de personas.
Doy testimonio de lo que a mí me ha tocado acompañar. He participado en cuatro foros organizados por simpatizantes del partido obradorista y por el Instituto Nacional de Formación Política (INFP) morenista en mi entidad federativa (el DF, hoy Ciudad de México, mañana Anáhuac). He estado en la Alameda Central dos veces, una en la Villa de Guadalupe y otra en Tepito. (Ligas 1 y 2.) En esas ocasiones, he visto al común de la gente entusiasmada con la elección de las personas juzgadoras. Muchas compañeras y compañeros consideran que la reforma es un elemento esencial del programa ganador en la elección presidencial –es decir, que es parte de un consenso socio-político del que habla Fabrizio Mejía Madrid. (Liga 3.)
Pero, aparte de la claridad sobre el mandato popular a favor de una reforma democrática en lo judicial, también pude ver que las y los participantes en esos foros están abiertos a escuchar críticamente los pormenores. El Pueblo no es tonto y sabe bien que el diablo escribe en los detalles. Y, lo más interesante: todas las participantes se mostraron flexibles para evaluar qué hacer frente a los muchos aspectos del sistema de justicia que no se han abordado en la iniciativa presidencial original. (Esto constituye una ganancia extra del debate abierto: la gente se ha dado cuenta que las cosas son mucho más complejas que la simple elección ciudadana de las personas juzgadoras.)
En otro tipo de espacios, las y los académicos han empezado a calibrar el impacto del impulso popular a favor de la reforma judicial. Este abre el camino a ideas innovadoras diversas. Por ejemplo, en el conversatorio “La Justicia y los Derechos Humanos: perspectivas críticas ante nuevos escenarios y territorios”, organizado por el Centro Nacional de los Derechos Humanos (Cenadeh) de la CNDH el pasado 12 de julio de 2024 (Liga 4), la profesora de Derecho en la UACM, Mylai Burgos Matamoros, mencionó la figura de los jueces legos –que en otros países forman tribunal al lado de los jueces profesionales en Derecho (min.01:41:00). Mylai nos dijo: “yo apoyaría una tesis que no se está diciendo [ahora], que es [la de] los jueces y juezas legos: una conformación de estructura judicial no sólo con jueces profesionales. Luego entonces, los exámenes tendrían que ser para jueces profesionales. Evidentemente, el lego tendría que tener una valoración más bien ética. Ética, no política. [Buscando] una persona que éticamente pueda asumir un cargo de juzgador. Una valoración, no un examen.”
En el mismo espacio, la profesora Burgos Matamoros insistió en el tema de la rendición de cuentas a que deben someterse las personas juzgadoras, explicándonos que “no tiene que por qué chocar con la independencia judicial. Porque no es un tema de si yo interpreté de una manera u otra la ley, sino si –en el conjunto– fui eficiente, por ejemplo, en todo el proceso (economía procesal)… Desde eso, hasta la defensa de los derechos humanos. [Si] estás defendiendo los derechos humanos nadie te puede cuestionar eso…” (min. 01:46:35).
En el campo político, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres Guadarrama se ha convertido en una de las más activas defensoras de la propuesta de reforma judicial, aportando al debate datos duros que contradicen la especie de que el actual Poder Judicial Federal (PJF) está abocado a la defensa de los derechos constitucionales de los más pobres y necesitados.
Esa especie la sostienen, por ejemplo, los magistrados jufeditas Mauricio Barajas Villa y Osiris Ramón Cedeño Muñoz. De eso hablo en mi columna de Rompeviento TV de esta semana. Aquí te resumo, querida lectora, un trino del magistrado Cedeño Muñoz: las y los juzgadores del PJF son nuestros “verdaderos protectores” porque (a) nos devuelven impuestos, (b) nos recuperan bienes expropiados, (c) nos garantizan vacunas y medicamentos, (d) nos permiten llamar a nuestro abogado cuando estamos incomunicados, (e) impiden que nos torturen… (Puedes ver el trino completo en Twitter/X en la Liga 5.)
Gracias al posicionamiento de la ministra Batres en la primera de las sesiones de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, celebrada en el palacio legislativo de San Lázaro el 27 de junio de 2024 (Liga 6), sabemos que “hoy, las puertas del poder judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México”. Porque “el poder judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos.” (min. 01:13:31) Lo anterior no fue una apreciación subjetiva. Resulta que en las últimas tres décadas, de 258 mil tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas por el PJF post-reforma de Zedillo, sólo 195 (0.75%) tratan sobre el derecho humano a la salud; 70 (0.03%) sobre el derecho a la educación; 30 (0.01%) sobre el derecho a la vivienda; 13 (0.005%) sobre el derecho al agua. Temas relacionados a los derechos humanos quedan siempre abajo del 1%… ¡impresionante! En contraste, en el mismo periodo se expidieron 12,845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria (4.97%), 1,387 sobre propiedad privada (0.53%) y 891 (0.34%) sobre el libre mercado, al que se trata como si fuese un derecho humano. Con estos números, la ministra Batres se preguntó (min.01:14:36): “¿Es este el poder judicial que necesita el Pueblo mexicano? Yo creo que no.” Tiene razón.
En esa misma primera sesión de los Diálogos convocados por el Congreso de la Unión para analizar la Iniciativa del presidente López Obrador –de modo que la Legislatura saliente deje a la Legislatura entrante dictámenes ya bien debatidos– participó el ministro Alberto Pérez Dayán (min.02:18:20 & ss.) quien criticó la prisa con que se estaba avanzando y recordó que en los años 1990 el Constituyente impuso límites a la sobrerrepresentación. Esos límites, nos regañó Pérez Dayán, “significan el respeto absoluto a la pluralidad democrática y el reconocimiento de todas las expresiones de la voluntad popular” de modo que “ninguna fuerza política, por sí misma, pueda reformar el texto constitucional. Es decir, que siempre debe hacerlo con la concurrencia de la oposición complementaria que le dé la legitimación y fuerza que requiere toda Norma Fundamental” (min.02:20:35).
Aparte, Pérez Dayán trató de responder a Batres Guadarrama al mencionar el ejemplo de la sentencia del máximo tribunal a favor de las trabajadoras domésticas, que luego fue retomada por el poder legislativo para realizar una reforma que les dio acceso a la seguridad social. El problema es que ese caso no rompe la tendencia estadística del PJF a beneficiar a las clases opulentas. Mientras las clases trabajadoras merecieron unas pocas decenas de jurisprudencias favorables, los grandes empresarios que buscan no pagar impuestos obtienen miles.
Recordemos, lectora, que Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales fueron quienes echaron abajo la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica el 1 de febrero de 2024 en la Segunda Sala de la SCJN. (Liga 7.) Lo hicieron de una forma deleznable, contando únicamente con dos votos (la sala tiene cinco), pero contando el voto del presidente de la Sala (Pérez Dayán) como voto de calidad. Sólo así pudieron romper el empate en que estaba la sala en ese asunto. Las ministras Batres Guadarrama y Esquivel Mossa estaban en contra, mientras que el ministro Laynez Potisek se había excusado. Ese escurridizo “Fallo de los dos Ministros” en el Amparo en Revisión 164/2023 benefició a las empresas Recursos Solares PV de México IV, BNB Villa Ahumada Solar, Engie Abril PV, Eólica Tres Mesas 4, Tractabel Energía de Pánuco y Tractabel Energía de Monterrey –pero sentó precedente para cientos de otros casos similares. Lectora: cuando escuches los alegatos de Pérez Dayán acerca de pluralidad democrática y el reconocimiento de todas las expresiones de la voluntad popular, recuerda El Fallo de los Dos Ministros. En la praxis política real, a Pérez Dayán sólo le interesa la pluralidad en el que los intereses de los poderosos sean siempre blindados en contra del interés general o de la necesidad de las mayorías.
Cuando las y los opositores a la reforma democrática del poder judicial hablan de “pluralidad” no se refieren a la participación popular, sino a la representación corporativa de intereses. Cuando dicen “consenso” no incluyen en el mismo a toda la ciudadanía: su consenso sólo es un arreglo entre élites para preservar el statu-quo. Cuando los jufeditas escriben en una cartulina “Poder Judicial Federal, Contrapeso Nacional” nos engañan; porque no son pluralistas sino defensores de las élites.
Ligas usadas en este texto:
Liga 1:
https://www.youtube.com/watch?v=169lixbd7po&t=14s
Liga 2:
https://www.youtube.com/watch?v=_YIcmeou6Bw
Liga 3:
https://www.sinembargo.mx/07-08-2024/4535664
Liga 4:
https://www.youtube.com/watch?v=m7reGGi0Fps
Liga 5:
https://x.com/OsirisCedeno/status/1729258480853250414
Liga 6:
https://www.youtube.com/watch?v=CgvlrLCH_Ww
Liga 7:
https://www.jornada.com.mx/2024/02/01/politica/011n1pol
