Israel Rodríguez
Ciudad de México. El aumento de pobres en México, que pasó de 52.8 millones en 2010 a 55.3 millones en 2014, se explica principalmente por el modelo económico, la concentración de la riqueza y el fracaso en el diseño e implementación de las políticas públicas que deben ofrecer acceso a la justicia y la igualdad de oportunidades en todas las regiones del país, afirmaron investigadores universitarios.
En conferencia de prensa efectuada en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, Adolfo Sánchez, Iliana Yaschine y César Armando Salazar coincidieron en señalar que si se quiere cumplir con el compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la reducción a la mitad de la pobreza para 2030, el gobierno mexicano debe reformular las políticas que ha instrumentado a la fecha con políticas económicas, fiscales y sociales que generen resultados redistributivos.
A propósito de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Adolfo Sánchez Almanza, investigador titular del IEEc, aseguró que el combate a la pobreza pasa por elevar el crecimiento económico, instrumentar políticas de derechos y de justicia re distributiva. “Entre las prioridades están aplicar una política fiscal progresiva, recuperar el salario real, mejorar los activos de los hogares y dotar a las personas de los medios indispensables para alcanzar su realización y autonomía.”
Sánchez Almanza destacó que en carencias sociales hay ligeros avances en la cobertura de servicios de salud, educación, vivienda y servicios públicos básicos, sin embargo, subsisten rezagos en alimentación, empleo, salario real, seguridad social y cohesión social.
Por su parte, Iliana Yaschine Arroyo, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo (PUED), señaló que para que México pueda cumplir con la reducción a la mitad de la pobreza multidimensional para 2030 se requieren políticas económicas, fiscales y sociales que generen resultados redistributivos.
Para ello se requiere estabilidad económica, mayor crecimiento, más y mejores empleos, que permitan la recuperación del ingreso laboral y mejorar las condiciones de empleo de los trabajadores.
Además, ampliar la recaudación tributaria, que siente las bases para una mayor inversión productiva y social, así como instrumentar una estrategia de política social que permita avanzar hacia la universalización de salud, seguridad social, educación, vivienda, servicios sociales y seguridad alimentaria.
Yaschine Arroyo afirmó: “Desafortunadamente, no se observan señales que hagan pensar que el gobierno camina en este sentido . Por ejemplo: el modelo económico que se ha aplicado en las últimas tres décadas sigue vigente y se experimentaron recortes al gasto social este año y se han anunciado para el ejercicio fiscal siguiente , lo cual dibuja un panorama sombrío”.
Explicó que la pobreza es una clara manifestación del incumplimiento de los derechos humanos, particularmente de los económicos y sociales. Este fenómeno, añadió, se constituye como uno d ellos más graves que enfrentamos. La pobreza se asocia con hambre, desnutrición, morbilidad, baja escolaridad, falta de acceso a servicios sociales básicos y a oportunidades de desarrollo económico y social.
“Es un fenómeno que no sólo afecta la vida de los individuos en el presente, sino que se reproduce entre generaciones. Además, está intrínsecamente relacionado con las estructuras de desigualdad que caracterizan nuestras sociedades.”
Según la Organización de las Naciones Unidas, 836 millones de personas aun viven en pobreza extrema que viven con menos de 1.25 dólares al día, y en las regiones en desarrollo, como México el caso es de una de cada cinco personas. Además, millones más están en riesgo de caer en pobreza por sus bajos ingresos y su vulnerabilidad ante choques naturales, económicos o de salud.
En su oportunidad, César Armando Salazar, investigador del IIEc informó que el salario mínimo en el país ha perdido alrededor de dos terceras partes de su poder adquisitivo en las últimas tres décadas; además sólo una tercera parte de la población ocupada posee un empleo formal que le garantizaría una pensión.
Subrayó que la mejor política de combate a la pobreza será aquella que incentive verdaderamente las actividades productivas y que genere ganancias de productividad; que además incluya una decidida política salarial que incremente el poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores, y su acceso a servicios de salud y educación, así como reducción de la vulnerabilidad en la edad de retiro y en el desempleo.
César Armando Salazar aseguró que “estas políticas en conjunto también estimularían ese mercado interno tan necesario para tener condiciones de crecimiento endógenas, que hoy no tenemos.”
