Antonio Heras
Mexicali, BC. Perla del Socorro Ibarra Leyva, procuradora de Justicia de Baja California durante el sexenio del gobernador Francisco Vega, se reincorporó como magistrada al Poder Judicial del Estado, a pesar de un impedimento constitucional a nivel nacional y local.
Incluso el Sistema Estatal Anticorrupción solicitó al Congreso local que revisara el análisis jurídico sobre esta designación por violentar los preceptos constitucionales de México y de Baja California.
Ambas constituciones políticas prohíben la designación como magistrado a quien haya ocupado un año antes el cargo de procurador de Justicia, entre otros.
Ibarra Leyva, vinculada a Kiko Vega desde que éste fue alcalde de Tijuana, entró al Poder Judicial del Estado en 2010 y pidió una licencia de tres años para convertirse en procuradora de Justicia en octubre de 2013 en el gobierno del político panista.
En octubre de 2016 solicitó al Congreso local de nueva cuenta otra licencia de su puesto como magistrada de una sala penal para seguir como procuradora de Justicia de Kiko Vega.
Ante la derrota del PAN y el triunfo de Morena, la abogada anunció que adelantaba el fin de su licencia aprobada hasta octubre de 2019 y solicitó su reincorporación a su puesto de magistrada a partir del 12 de julio.
Su petición, la cual fue recibida en Oficialía de Partes, no fue puesta a votación ni aprobada en el pleno del Congreso local en la sesión nocturna del 8 de julio, justo cuando se votó la reforma constitucional que amplió de dos a seis años el mandato del próximo gobernador Jaime Bonilla de Morena y la designación del auditor Superior del Estado quien fiscalizará las cuentas públicas del panista Vega de Lamadrid y del propio Bonilla.
Sobre el nombramiento del auditor Superior del Estado el Sistema Estatal Anticorrupción presentó un amparo de la justicia federal porque se violó la Constitución local al decidirlo de manera unilateral por los legisladores sin la participación e intervención de la Comisión Especial de Evaluación conformada por cuatro representantes ciudadanos y tres diputados.
Ibarra Leyva
En la sesión del Tribunal Superior de Justicia del Estado, realizada este martes, se anunció el regreso de Perla del Socorro Ibarra Leyva pero a una Sala Civil “para no causar afectaciones en los casos que la Fiscalía inició durante su gestión”.
Ahí notificó a los 16 magistrados numerarios que componen este órgano del Poder Judicial que a pesar de que la segunda licencia que había pedido al Congreso finalizaba en noviembre, decidió reintegrararse como magistrada pero ya no en la Cuarta Sala Penal en la que trabajó durante tres años desde el 1 de diciembre del 2010.
«No debemos dejar dudas sobre la imparcialidad y certidumbre en cuanto al ejercicio y administración de justicia, es por eso que considerando una situación que en su momento pudiere retardar procedimientos o perjudicar a los justiciables yo hice la solicitud (cambio de Sala) la cual fue aprobada por el pleno», dijo en entrevista.
En la sesión, el presidente del TSJE, Salvador Ortiz, anunció que la readscripción sería con el intercambio de funciones con el magistrado Fausto López Meza.
La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción se pronunció por revisar la reincorporación al Poder Judicial de la magistrada Perla del Socorro Ibarra por impedimento constitucional, ya que los consejeros ciudadanos reclamaron que la Constitución local en su artículo 66 prohíbe a los magistrados del Poder Judicial del Estado, durante el tiempo de su encargo, aún cuando tengan carácter de interinos o con licencia, «no podrán aceptar ni desempeñar empleo o encargo en la Federación, Estado o Municipios o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia, ni podrán litigar tampoco».
El SEA presentó un recurso que se encuentra en el Congreso donde se presentó la solicitud de término adelantado de la licencia autorizada para noviembre de 2019 pero la XXII Legislatura solo recibió la petición sin aprobarla en el pleno.
El análisis jurídico de los consejeros ciudadanos sostiene que el artículo 116 constitucional federal, fracción III, establece que no se puede ocupar el cargo de Magistrado a quien el año anterior fue Procurador de Justicia del Estado, por lo que imposibilita a Perla del Socorro Ibarra, ya que nunca perdió su carácter de magistrada, pues las licencias otorgadas sólo suspenden el servicio y no el cargo.
Cuestionada por los señalamientos y análisis jurídico del SEA Ibarra indicó que resultan improcedentes los planteamientos de los consejeros ciudadanos.
Titubeante, la ex procuradora se dijo respetuosa de las observaciones del Sistema Anticorrupción, del cual ella formó parte en el Comité Seleccionador, pero advirtió que no se tomó ninguna decisión fuera del marco de Derecho.
El magistrado Ortiz acusó al SEA de interferir en decisiones de los Poderes Judicial y Legislativo, al tiempo de señalar que las observaciones sobre la solicitud de licencia de la magistrada y las otras irregularidades referidas debieron emitirse antes de ocupar el cargo de Fiscal.
Cabe señalar que Perla del Socorro Ibarra Leyva se jubilará del Poder Judicial este mismo año cuando cumpla 70 años por lo que recibirá un haber de retiro durante 12 años con un pago de 60 mil pesos, según el proyecto del Tribunal, a pesar de haber trabajado en esa área sólo tres años y tres meses.
