Por Gustavo Castillo y José Antonio Román
Ciudad de México. Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos advirtieron que analizan retirarse de las mesas de diálogo con el gobierno ante los pocos resultados que existen en las indagatorias y debido a que básicamente se está indagando sólo la línea que tiene que ver con el fallecimiento de los estudiantes.
Asimismo, señalaron que además de una campaña de “denostación y desprestigio”, que se ha lanzado en contra de los integrantes del GIEI, se les han puesto obstáculos para el desarrollo de diversas diligencias, por lo que el gobierno apuesta al olvido de este caso.
Felipe de la Cruz, uno de los representantes de los padres de los normalistas afirmó tras un encuentro con la procuradora Arely Gómez, que a casi “un año y siete meses de la desaparición nos sentamos a escuchar las mismas respuestas, patinando en el mismo lugar.
“No vamos a permitir que haya sectores que sigan atacando a los expertos”, señaló para luego afirmar que los familiares de los estudiantes agredidos por policías de Iguala y Cocula, así como por integrantes del cártel de Guerreros Unidos, respaldan el trabajo de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales ante la ola de ataques que han cuestionado la honorabilidad de quienes conforman este equipo de investigación que ha coadyuvado con las autoridades mexicanas.
“No podemos seguir pasivos y tolerantes ante una estrategia que busca que pase el tiempo y que esto se olvide”, añadió Felipe de la Cruz para luego agregar que ante la ola de asesinatos y desapariciones que ocurren en el estado de Guerrero “sigue el disimulo de la PGR para llevar a cabo su tarea”.
Al igual que el abogado Vidulfo Rosales, Felipe de la Cruz señaló que los padres de los 43 normalistas desaparecidos deben “subir la presión y la exigencia” para que el gobierno mexicano esclarezca el paradero de los normalistas.
Invitamos, dijo de la Cruz, a todas las organizaciones no gubernamentales que creen que llegó el momento de exigir justicia para que este próximo 26 de marzo “salgan a las calles a exigir justicia”.
En tanto Vidulfo Rosales dijo que los familiares de los normalistas harán “una análisis de que tan productivas son estas reuniones en las que no se dan ni avances ni resultados.
“Nos preocupa la lentitud y los obstáculos que se están poniendo a los expertos como si quisieran que feneciera el periodo para el que están aquí”, que vence en abril próximo.
Entre los obstáculos que señaló que se han puesto a los integrantes del GIEI destacó que se han retrasado diversas diligencias “aludiendo a cuestiones de logística (…) hay actividades calendarizadas y sin que se avise nada de un día para otro se cambian o se suspenden”.
Rosales agregó que a los expertos internacionales “no se les está permitiendo entrevistar detenidos y funcionarios y existe falta de oportunidad para el desarrollo de su trabajo, aunado a una campaña de difamación que está creciendo”.
El abogado resaltó que de las cuatro líneas de investigación que se deberían desahogar solamente a una se le impulsa, “solo vemos avances en la línea que tiene que ver con la búsqueda sin vida”, por ello refirió que los padres están empeñados a que a los normalistas se les busque con vida.
Denunciaron que en el encuentro realizado con la procuradora, Arely Gómez y un grupo de sus colaboradores en febrero pasado, entregaron una petición de diligencia que incluyen interrogatorios a más de 110 personas y a 30 días de presentar el escrito “la PGR ha sido omisa” para dar entrada a su petición y señalaron que ello viola la ley ya que el Ministerio Público Federal tendría que haber acordado si aceptaba o no las diligencias solicitadas en un plazo de tres días.
Indicó que en la fiscalía especial para el caso Iguala no se han dado respuestas y que respecto de su petición les indicaron que tendrían que haber ratificado el escrito cosa que harán en las próximas horas.
Respecto a las diligencias realizadas en los últimos días se informó que se hicieron operativos de búsqueda en un lugar conocido como la huerta vieja, que se localiza en la localidad de Tianquizolco, así como en Loma de Coyote y Cerro de la Parota, en el municipio de Iguala.
Vidulfo Rosales señaló que “no vemos una investigación que ofrezca posibilidad de certeza y justicia sin supervisión internacional (…) no es obligación de los expertos dar con el paradero de los estudiantes que no se invierta la obligación del Estado”.
