Se homologarán Centros de Prevención Social.
Lo avala el Presidente Enrique Peña.
Ciudad de México.- Con el respaldo del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó la propuesta del Gobernador de San Luis Potosí Juan Manuel Carreras López, para la homologación de los Centros Estatales de Prevención Social, así como la profesionalización de los servidores públicos que trabajarán en estas áreas.
El titular del Ejecutivo propuso además establecer los lineamientos para la creación de las comisiones –ciudadanas y académicas-, de evaluación y apoyo de los programas de prevención social y contra la delincuencia, mismas que fueron aprobadas por los integrantes del Consejo.
En el marco de la XLI Reunión, el mandatario estatal puntualizó que los Centros Estatales de Prevención Social son un elemento central en este esfuerzo del Estado, al constituirse en las áreas especializadas en el diseño e instrumentación de las políticas de prevención.
“No debemos olvidar que el objetivo es proveer una cultura contra la violencia y la delincuencia a través del diseño e implementación de estrategias para construir comunidades seguras con calidad de vida, convivencia pacífica, cohesión social, respeto a los derechos humanos y sobre todo equidad de género en la distintas localidades de cada estado” agregó Carreras López.
En coordinación con el Programa Juntos por la Prevención de la Violencia, se trabajó en un proyecto con la posibilidad de adecuar su implementación a las necesidades que actualmente tienen las entidades federativas y los municipios del país.
Sostuvo que dentro de este modelo homologado, se requiere capacitar a más de 1,500 servidores públicos que laboran en programas de prevención del delito a nivel estatal y municipal, “la cual debe de ser la prioridad para el 2017, así como la focalización de acciones en materia de prevención, con el propósito de evitar dispersión de recursos y esfuerzos y obtener entre todos mejores resultados”.
Carreras López destacó la necesidad de la integración de las comisiones ciudadanas de evaluación y apoyo a la prevención social de la violencia y la delincuencia, referente a la necesidad de conformación de grupos colegiados para supervisar y evaluar los programas de prevención social en cada entidad federativa.
