Susana González G.
Ciudad de México. Los anuncios espectaculares que existen sobre decenas de edificios de uso habitacional representan un riesgo más en materia de protección civil y revelan irregularidades o actos de corrupción que han salido a flote con el terremoto del 19 de septiembre ya que ponen en peligro tanto las construcciones como a quienes viven en ellas, advirtió Jorge Carlos Negrete, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU).
Un anuncio espectacular pesa entre 5 y hasta 20 toneladas y miden 7 por 12 metros, lo cual implica prácticamente colocar otro piso más a los edificios, sin que éstos tengan cimientos o soportes necesarios para aguantarlos, comentó en entrevista. Además, el riesgo de que se caigan se intensifica cuando hay ventarrones o sismos y también dificultan las tareas de rescate de sobrevivientes, como ocurrió en el edificio que se desplomó en Viaducto Miguel Alemán y Torreón, en la colonia Piedad Narvarte, y el supermercado Soriana, en Taxqueña. El FRRPU detectó otros dos inmuebles con daños estructurales que también tienen espectaculares en las azoteas.
Sostuvo que en total hay 8 mil anuncios espectaculares en la CDMX y la inseguridad que generan se ha incrementado aún más por la colocación de pantallas electrónicas cuyas marquesinas pesan hasta 4 veces más que una tradicional, además que también se ha detectado la instalación de antenas de telefonía celular sobre las azoteas.
Negrete calculó que un 85 por ciento de los anuncios espectaculares se coloca en edificios con uso habitacional y mencionó que sólo en 3 de las 32 entidades del país y 3 por ciento de los 2 mil 446 municipios, es decir sólo 73, tienen reglamentos sobre publicidad exterior.
Refirió que los Bomberos de la CdMx calcularon que en 2016 había 3 mil 100 anuncios irregulares y un año antes la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) publicó que 4 mil 100 anuncios operaban con legalidad y 300 estaban fuera de la ley.
La FRRPU ha contabilizado que cada año se caen 14 anuncios espectaculares en promedio en todo el país por incumplir con reglas de seguridad al ser colocados, pero en la Ciudad de México la cifra se oscila entre 20 y 25 anualmente, es decir hasta dos por mes.
Además, el pago de derechos por el uso del espacio público que hacen las empresas de publicidad al gobierno capitalino disminuyó en 83 por ciento en los 6 últimos años, al pasar de 4 mil pesos anuales por metro cuadrado a tan sólo 665 pesos, es decir la sexta parte, en contraste con los ajustes a la alza que se han aplicado para el resto de las contribuciones por lo menos en concordancia con la inflación, destacó Negrete.
Desde 2011 hasta 2016 las autoridades no cobraron absolutamente nada porque la ventanilla correspondiente permaneció cerrada, sin haber cobrado los derechos retroactivamente, cuando el negocio de la publicidad exterior genera 4 mil millones de pesos por año en la Ciudad de México y participan 47 empresas, pero sólo 3 concentran entre el 55 y 60 por ciento del mercado.
La legislación más moderna sobre publicidad exterior la tiene la capital del país y desde 2010 el artículo 13 de la Ley de Publicidad Exterior prohíbe la colocación de anuncios espectaculares en azoteas de edificios públicos y privados porque representan un problema de protección civil. También en Chiapas y Yucatán cuentan tienen normas al respecto.
Los anuncios que existen en azoteas “en teoría se colocaron antes de que entrara en vigor la ley de 2010 y están sujetos a un programa de reordenamiento en la CdMx, pero el problema es que las autoridades siguen arrastrando los pies para llevarlo a cabo y no están haciendo la limpieza de esos anuncios”. Negrete consideró que con el sismo del 19 de septiembre, autoridades y publicistas deben acelerar el paso al respecto y entiendan el riesgo que representan los espectaculares.
Hay 300 anuncios que ni siquiera cuentan con las licencias o Permisos Administrativos Temporal Revocable (PATR) que antes se solicitaban a las autoridades, además de que no se verificó si los inmuebles seleccionados eran aptos para soportar dichas estructuras, poniendo en riesgo la seguridad y vida de los ciudadanos.
La fundación ha interpuesto hasta 400 quejas ante el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) para exigir el cumplimiento de la normatividad actual y también ha interpuesto un centenar de juicios de amparo al respecto, pero dicha dependencia apenas cuenta con 20 verificadores de publicidad exterior, que también incluye la que se coloca en los llamados muebles urbanos como paraderos de autobuses o en tapiales, es decir vallas de publicidad en muros a nivel de la calle.
