Por Ap y Dpa
Caracas. Al grito de “revocatorio ya”, miles de opositores iniciaron este miércoles una marcha hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE), instalado en el centro de la capital venezolana, para presionar a favor de un referendo revocación contra mandato del presidente Nicolás Maduro.
La marcha no estaba autorizada por la alcaldía, por lo que centenares de policías con pertrechos antimotines cerraron las principales viales que dan hacia el CNE y obligaron a los manifestantes a seguir por rutas alternas, lo que generó un fuerte congestionamiento vehicular en las calles.
Como medidas alternativas, las autoridades cerraron algunas estaciones del metro por seguridad.
El alcalde oficialista de Caracas, Jorge Rodríguez, solicitó al órgano electoral que se cancele el registro de inscripción de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), como solicitante del referendo por el “fraude” que cometió en la recolección de las firmas.
En mayo la oposición intentó marchar en varias oportunidades hacia el órgano electoral, pero las movilizaciones fueron bloqueadas por los cuerpos de seguridad.
El dirigente opositor Henrique Capriles, uno de los principales promotores del referendo, llamó a sus militantes para salir a marchar y presionar la aceleración del proceso.
“Este gobierno sabe perfectamente que es un pueblo pacífico, pero sabe que la paciencia de los venezolanos tiene un límite que no queremos que se desborde”, expresó Capriles a la emisora Unión Radio, tras asegurar que en los próximos días la oposición emprenderá nuevas acciones para aumentar las presiones a favor del referendo.
Las autoridades electorales anunciaron que el 1 de agosto darán a conocer el informe sobre la validación de unas 409 mil firmas y huellas que podría abrirle el camino a la oposición para la nueva recolección de firmas.
También advirtieron, en alusión a las marchas de este miércoles, que de darse alguna alteración del orden público las actividades del CNE serían suspendidas.
De aprobarse la revocación este año, se debería convocar a elecciones, pero si sucede en 2017, el período de Maduro deberá ser completado por su vicepresidente Aristóbulo Isturiz, según establece la constitución.
El mandatario enfrenta este proceso en medio de una compleja crisis económica que ha golpeado su popularidad, que ronda 23 por ciento, y un creciente descontento que se manifiesta en el aumento de las protestas callejeras y los saqueos de comercios.
Detención arbitraria de opositores
La organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció hoy en Buenos Aires que constató la detención y el procesamiento arbitrario de 21 opositores en Venezuela desde mayo y pidió una “presión regional intensa” a través de la Carta Democrática de la OEA.
“El gobierno de Maduro habla sobre diálogo en el exterior, mientras que en su propio país reprime la disidencia política”, sostuvo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, quien reclamó la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El organismo presentó un informe en el que sostiene que “desde mayo pasado el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional han detenido a 21 personas argumentando que habrían planificado, instigado o participado en acciones violentas contra el gobierno”.
Al menos nueve de ellas continúan detenidas en cárceles de máxima seguridad, precisó Vivanco, mientras que las otras 12 fueron liberadas pero se encuentran bajo proceso penal.
“La mayoría de esas personas afirman haber sido torturadas o sufrido otros abusos mientras estuvieron bajo custodia”, sostiene el documento revelado en Buenos Aires.
“La situación en Venezuela no mejora”, alertó el directivo de HRW, quien apuntó a un “retroceso democrático en materia de derechos humanos”. “No cabe duda alguna que Venezuela está enfrentada a una crisis humanitaria de una gravedad extrema, tanto por la situación política como social o económica”, subrayó.
