A pesar de que desde septiembre de 2016 el Ejecutivo estatal envió al Congreso para su análisis la ley de juicio político y declaración de procedencia, la ley de responsabilidades administrativas el código procesal administrativo, las cuales tienen que ver directamente con el sistema estatal anticorrupción, todavía no tienen fecha para pasarse a pleno.
De acuerdo con el subsecretario jurídico del gobierno del estado, Hugo Ulises Valencia, el atraso en la aprobación de estas leyes pone en riesgo la entrada en operación del sistema estatal anticorrupción ya que las reformas a la Constitución federal obligan a las entidades a adecuar su marco normativo a más tardar el 17 de julio.
No obstante, el funcionario estatal dijo confiar en que el tama será sacado a tiempo, ya que todavía se está a buen tiempo, ya que el periodo de sesiones del Legislativo concluye el 30 de junio.
