Juan Pablo Duch
Rusia rechaza declarar un alto el fuego en el vecino país eslavo, aunque está dispuesta a negociar el fin de su conflicto bélico con Ucrania bajo una serie de condiciones que ésta considera inaceptables y sin hacer ninguna concesión a Kiev.
Este es el mensaje principal de la entrevista –distribuida este lunes por la cancillería rusa– que concedió el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, al periódico húngaro Magyar Nemzet.
Aunque el jefe de la diplomacia rusa no planteó este lunes nada que no se haya dicho ya, desde cualquier portavoz de este país hasta el presidente Vladimir Putin, vale la pena glosar la entrevista porque Lavrov detalló los puntos que el Kremlin insiste debe ceder Ucrania para poder firmar un tratado de paz que ponga fin a la guerra.
Antes que nada, Rusia “quiere una paz duradera y no un alto el fuego. No necesita hacer una pausa, que el régimen de Kiev y sus patrocinadores externos promueven para reagrupar tropas, continuar el reclutamiento y fortalecer su potencial bélico”.
Según Lavrov, no habrá paz hasta que “se reconozcan de modo legal y a nivel internacional las nuevas realidades territoriales”, como denomina el Kremlin la anexión de Donietsk, Lugansk, Jersón, Zaporiyia y, antes, de Crimea.
Sostiene que “sus habitantes decidieron su futuro mediante la libre expresión de su voluntad en sendos referendos”. La agenda del día rusa contempla “desmilitarizar y desnazificar” Ucrania, pero no precisó estos conceptos, así como “anular todas las sanciones contra Rusia, retirar las demandas contra Rusia y devolver los activos retenidos ilegalmente en Occidente”.
Para Lavrov, “es imposible lograr un arreglo estable” sin eliminar las “causas originarias”, sobre todo “suprimir la amenaza a la seguridad de Rusia por la expansión hacia el este de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte)) y los intentos de involucrar Ucrania en ese bloque militar”.
Agregó: “No menos importante es hacer que se respeten los derechos humanos en los territorios que sigan bajo control del régimen de Kiev”, el cual –conforme al canciller ruso– “después de 2014 elimina todo lo que esté relacionado con Rusia: a las personas rusas o rusoparlantes, su idioma, cultura, tradiciones, religión, los medios de comunicación en ruso”.
De acuerdo con Lavrov, todas estas exigencias deben de quedar inscritas “con carácter jurídico vinculante” en un tratado de paz y, por último, Ucrania debe cumplir lo proclamado en su declaración de Independencia en 1990 y asumirse como “un país neutral, al margen de bloques y con estatus no nuclear”.
Asimismo, el canciller ruso no estuvo de acuerdo en que Rusia representa una amenaza para Europa, como dijo el entrevistador que aseguran los servicios de inteligencia de varios países: “A lo mejor saben más que nosotros, pero sobre nuestros planes de ‘atacar Europa’ y menos de ‘ocuparla” nunca he oído nada. Bromas aparte, las élites gobernantes en Europa y América del norte está creando con insistencia la imagen de Rusia como enemigo para recibir el apoyo de la población, cansada de los problemas económicos y sociales”.
Lavrov lamentó que Europa decidió “agrandar el alud de la rusofobia”, reanima su industria militar e insta a luchar contra Rusia. Al señalar que la Unión Europea se está convirtiendo en apéndice de la OTAN, concluyó: “Es una tendencia peligrosa, que puede traer consecuencias difíciles de imaginar para todos los europeos”.
Polémico político, muerto
Horas después de que el presidente Vladimir Putin firmó este lunes el decreto que, sin explicar el motivo, cesa a Roman Starovoit como ministro de Transporte de Rusia y, cuando empezaron a correr rumores sobre su inminente detención por un caso de presunta corrupción, apareció su cuerpo con un balazo en la cabeza en el interior de su coche, en un estacionamiento de la ciudad de Odintsovo, en las afueras de Moscú.
El Comité de Instrucción de Rusia, a cargo de investigar el caso, maneja el suicidio como causa más probable de la muerte del polémico político, de 53 años, que ocupó la cartera de Transportes poco más de un año, después de ser durante cinco años gobernador de la región de Kursk, fronteriza con Ucrania.
Dos meses antes de la incursión de las tropas ucranias en Kursk, dejó el cargo en manos de su segundo, Aleksei Smirnov, que no duró ni un año y ahora está en prisión preventiva bajo sospecha de haberse apropiado del equivalente de 10 millones de euros, junto con otros imputados, el ex gobernador adjunto, Aleksei Dedov, y dos antiguos subordinados más de Starovoit.
Según el actual gobernador en funciones de Kursk, Aleksandr Jinshtein, de los 190 millones de euros para construir fortificaciones y trincheras en la frontera con Ucrania, que se entregaron a esa región cuando Starovoit era gobernador, 40 millones de euros “desaparecieron”.
