Luis Linares Zapata
La serie de dificultades, unas muy conocidas y otras ocultas y grotescas o simplemente sutiles, son, en verdad, obstáculos al deseo colectivo de vivir en una sociedad de iguales. Todas deben ser expuestas y superadas. No es una tarea fácil ni, tampoco, suave y sin consecuencias graves. Por lo contrario, encauzar una sociedad en la ruta hacia lograrla exige perseverancia y extremo cuidado permanente en su remoción.
La dura y organizada oposición toca conspicuos sectores de poder renuentes, incluso, a introducir mejoras en la calidad de vida del pueblo. Ciertos de ellos porque desean conservar lo usual y conocido sin irrupciones tachadas de desestabilizadoras. Conservar privilegios o simples ventajas funcionales son asuntos cotidianos que pretenden garantizar oportunidades particulares. Es debido a este cúmulo de trabas que se encuentran en el sustrato estructural básico y hasta en la superficie de las sociedades, sobre lo que hay necesidad de trabajar.
La ruta seguida por México en pos de la igualdad ha sido lenta y dura, pero durante largos periodos, consistente. Si observamos el indicador que describe el reparto del ingreso nacional entre el capital y el trabajo se puede constatar lo dicho. Tal proceso arrancó al “institucionalizarse la revolución”. El capital se reservaba gran proporción de la riqueza del país.
El trabajo apenas retenía alrededor de 10 por ciento. Fue esa injusta desproporción lo que, en efecto, propició el estallido armado. A partir de ese sótano injusto, se inició el proceso de rectificación del fiero desbalance. Fue así que, a lo largo de decenios, la apropiación del factor trabajo logra su continua recuperación.
Los años del llamado periodo de desarrollo estabilizador consolidan las mejoras en el reparto. El trabajo avanza, no sin dificultades varias, escalando por 20 por ciento hasta llegar a 30 por ciento. Este fue un periodo de logros y avances sociales en educación, salud, vivienda, empleo y demás aspectos debido, también, al acelerado crecimiento económico (6 por ciento en promedio anual). Hubo otra consecuencia derivada: la apertura de oportunidades de fluctuación social asequibles.
Y todo ello, muy a pesar del arraigado patrimonialismo y la creciente corrupción que acarrearon el pensamiento y las costumbres conservadoras impregnadas en los sectores dirigentes. Se llegó así hasta finales de los años 70. En ellos, el reparto rebasó cifras de 70/30 por ciento con aceptable continuidad estable, tanto política como social.
Terminada la etapa llamada de gobiernos revolucionarios, dio inicio lo que ha sido una real tragedia para el factor trabajo: la implantación del modelo neoliberal; tiempo que, a partir de un reparto cercano a 60/40 por ciento, se precipitó a la sociedad hacia un disparejo e inhumano 80/20 por ciento. Una pérdida inmensa de riqueza que fue trasladada, sin contemplaciones, del trabajo al capital.
Lograr tal despojo requirió toda una maquinaria ideológica y tecnocrática represiva eficaz, real y grotesca fábrica de pobreza y desigualdad. El salario, por ejemplo, aseguraba naufragar en la suficiencia alimentaria y en los demás factores de bienestar. El índice de Gini, que mide con acierto la desigualdad, llegó a niveles intolerables. A finales de los 80 se tuvo necesidad de llevar cabo un grosero fraude electoral para imponer al candidato priísta, Carlos Salinas de G.
A partir de ahí hasta finales de 2017, los sucesivos gobiernos padecieron creciente ilegitimidad. Su erosionado ejercicio del poder, para continuar en él, se basó en la propaganda y la “legalidad oficial”. Los medios de comunicación y sus estrellas trabajaron arduamente para permitir tan precaria forma de gobernanza, aderezada con crisis financieras recurrentes.
El binomio de inseguridad y crimen avanzó en forma desbocada. El cambio se hizo impostergable y superó obstáculos sistémicos, bien insertados, por la continuidad modélica. A partir de 2018 se inició la recomposición del empeño hacia la igualdad. La recuperación de los salarios, más la prioritaria política social, permitieron la recuperación de la ruta del bienestar colectivo. Ahora la apropiación de la riqueza, por el incremento salarial habido, ha dado un brinco histórico: subió de 73/27 por ciento a 69/31 por ciento, un gran logro de buen gobierno popular.
Este repaso histórico lleva el propósito de exponer esa tendencia, que viene inscrita como arraigada aspiración popular; una manera particular de ser igualitario que ha sido permanente. Acercarse a esa aspiración acarrea notables consecuencias en legitimidad, confianza, tranquilidad y esperanza, motivos más que apreciados para la permanencia de gobiernos populares.
Asegurar dicha tendencia igualitaria exige guías, firmemente comprometidos con las necesidades y aspiraciones populares. Morena, como movimiento reivindicador, precisa obedecer ese mandato prioritario, ineludible. Sus candidatos deben portar, como irrenunciable mochila, probado compromiso popular. No pueden aceptarse medianías circunstanciales que mediaticen o pierdan el meollo del futuro.
