Por Elio Henríquez, corresponsal
San Cristóbal de Las Casas, Chis. El obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, afirmó que a 20 años de la firma de los acuerdos de San Andrés entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), “entendemos por qué nunca se cumplieron: estaban preparando la venta de la Nación que es de todos nosotros”.
Añadió que los funcionarios del gobierno “son una clase política corrupta, sin escrúpulos que desde entonces tenían vendido lo que hay aquí, incluidas las personas porque sus famosas reformas estructurales son una salvajada, una sinvergüenzada, y en esto están de por medio todos los partidos políticos”.
Aseguró que en los acuerdos de San Andrés “está un ejemplo de cómo se puede construir un pacto social, una ley, una Constitución nueva dialogando entre nosotros. Son un ejemplo de cómo el pueblo está preparado para construir su historia desde su participación. Y tenemos que hacerlo”.
Pero lo que más impresiona de los acuerdos, abundó, “es el descaro, la exhibición de su hipocresía, de su podredumbre. El señor (Ernesto) Zedillo (quien era presidente cuando se firmaron los acuerdos) es un criminal que debe de pagar delitos de lesa humanidad que cometió. ¡Por amor de Dios! Junto con todos sus jefes”.
Vera López expuso que “los aportes de los acuerdos siguen siendo válidos, ya que en ellos está claro que los hermanos indígenas son sujetos de derecho. Lo que está allí está bien escrito, bien acordado, bien pensado. Esto es válido y tiene que aplicarse. Pero mientras estos estén en el poder no se van aplicar. No hay esperanzas, son unos vendepatria, carniceros. No sé cómo llamarlos”.
Sostuvo que 20 años después de la firma de los tratados “su inmoralidad ha sido tan fatal que hoy no sólo son los recursos de Chiapas, que ya tenían vendidos, sino los de todo el país. En este momento se ha extendido por todo el territorio su maldad”.
Entrevistado en esta ciudad, Vera López, quien era obispo coadjutor de la diócesis de San Cristóbal cuando se firmaron los acuerdos el 16 de febrero de 1996, manifestó que “lo que vimos entonces con la guerra de baja intensidad, la creación de grupos paramilitares, asesinatos y desapariciones, se ha extendido porque ahora ya no sólo el Ejército crea paramilitares sino que apoyan a criminales”.
El país, abundó, “vive bajo un gobierno criminal, en medio de una estrategia violenta contra la población. Una muestra es lo que están haciendo con los maestros, con todos los mexicanos con el desastre económico, la crisis de derechos humanos”.
Expresó que lo que hizo el gobierno hace 20 años, cuando “mostró su descomposición por su actuación en Chiapas, no tiene comparación con el monstruoso horror en que han metido a México. No hay comparación porque no hay enfermedad comparable”.
Señaló que los zapatistas tuvieron que poner en práctica la autonomía en sus comunidades porque “hay un gobierno corrupto, pero tenemos que cambiar eso. No nos podemos quedar en eso. Es un crimen porque el día que se lo propongan van a venir y van a barrar con todo. Si están desbaratando otras cosas que parecían… no nos podemos quedar así. No basta eso, está muy bien, pero no basta. Ellos (los zapatistas) están en continuo riesgo si no hacemos nada por enfrentar a toda esta corrupción rampante en esta estructura criminal que no se puede llamar gobierno”.
Advirtió: “Si no hacemos algo –no nos podemos quedar viendo nada más—estos muchachos están en un terreno minado. El gobierno viene con todo con la aplicación del Tratado de Libre Comercio y ahora el Transpacífico. Tenemos que ponerle atención a eso. Eso nos obliga a abriles espacios a nuestros hermanos indígenas. Tenemos que ponerle atención cómo vamos a abrirles el espacio a todos los pobres de México”.
Por separado, Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, en cuyos 37 mil kilómetros se asientan mayoritariamente las comunidades zapatistas, lamentó que a los legisladores “lo que menos les interesan son los pueblos indígenas. A veces hay algunas posturas esporádicas pero ellos tienen otro tipo de intereses: Ver cómo ascienden a otros puestos, pero el de los indígenas es un problema latente que necesitamos atender”.
Recordó que hace 20 años, cuando se firmaron, “había mucha desconfianza hacia los acuerdos porque algunos se imaginaban que podrían significar una separación como si los indígenas quisieran ya no ser mexicanos, pero los tiempos han avanzado y la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha dado ya una serie de documentos que facilitan la comprensión de lo que implica la autonomía que piden estos pueblos, que no rompe la unidad nacional, sino que reconoce la identidad propia de los pueblos indígenas”.
Informó que en el Congreso de Chiapas “está presentándose una iniciativa para dar un poco de más fuerza a los pueblos indígenas. Quieren que yo opine al respecto. No sólo con ocasión de la visita del Papa sino de por sí es un derecho que está latente porque por ejemplo en Chiapas todavía no se reconocen los derechos de los pueblos a sus lenguas, tradiciones, decisiones, territorio, a ser consultados sobre proyectos que les pueden afectar”.
Agregó: “Yo quisiera que con ocasión de este vigésimo aniversario y también por la visita del Papa se pudiera dar un avance más notable en sus justos derechos”.
El secretario de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, quien formaba parte de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) cuando se suscribieron los tratados, afirmó que “su cumplimiento no sólo saldaría una deuda histórica pendiente con los pueblos indígenas, sino que sería un cauce adecuado para soluciones a conflictos actuales”.
Sostuvo que “hoy más que nunca es necesario recuperar la agenda que establecen los acuerdos de San Andrés para que las acciones encaminadas a combatir la pobreza y los rezagos, puedan generar mayores beneficios para los pueblos indígenas, que esperan con impaciencia soluciones a sus viejos y nuevos problemas”.
Abundó: “Cumplir los acuerdos de San Andrés representaría honrar la palabra y compromiso de las partes, además de que sería una forma de pasar a las acciones: redoblar obras y acciones como las que se están impulsando para resolver de fondo las causas de la pobreza y los rezagos que aquejan a los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país”.
Destacó que los acuerdos “fueron firmados y construidos por infinidad de actores sociales y políticos, e inclusive, por las instituciones de la República”, por lo que “el compromiso con los pueblos indígenas sigue vigente”
Luego de señalar que el movimiento zapatista de 1994 “puso a la vista una realidad innegable: Los pueblos indígenas de México son el sector más vulnerable, con mayor pobreza, rezago y marginación”, añadió que “se debe de reconocer y revalorar la contribución de los pueblos originarios al desarrollo.
histórico y cultural de nuestro país, como lo está impulsando el gobernador Manuel Velasco Coello”.
