Alfredo Valadez Rodríguez, corresponsal
El Ayuntamiento de San Antonio, en la Huasteca de San Luis Potosí, aprobó la prohibición total y definitiva del fracking y de cualquier proyecto extractivo o uso de explosivos relacionado con Petróleos Mexicanos (Pemex) dentro del municipio.
La decisión fue avalada en sesión pública con el respaldo de actas de asamblea de no consentimiento y bajo el argumento de la personalidad jurídica de las comunidades como sujetos de derecho público, en el contexto de las protestas realizadas el pasado 7 de junio.
De acuerdo con información publicada por el medio digital Astrolabio, la resolución impide al gobierno municipal otorgar permisos a Pemex, empresa que había solicitado autorizaciones para el uso y almacenamiento de explosivos en la Huasteca potosina.
La sesión fue encabezada por autoridades municipales y representantes de la estructura tradicional del municipio, entre ellos comisariados ejidales, jueces auxiliares, delegados, comités comunitarios y el Consejo Consultivo Indígena.
También participaron la consejera nacional Cenorina Bernal Fernández, el consejero estatal Liborio Santiago Hernández y la profesora Editrudis Santos Gómez, quienes han impulsado acciones en defensa del medio ambiente en la región.
Durante la sesión, el alcalde Benito González Hernández afirmó que las autoridades tienen la responsabilidad de respetar la voluntad del pueblo Tének y sostuvo que el fracking representa una amenaza para los recursos naturales y la vida de las comunidades.
El edil agregó que la soberanía energética no debe alcanzarse a costa del deterioro ambiental ni del futuro de la población.
Por su parte, Editrudis Santos Gómez aseguró que el proyecto de Pemex abarcaría una superficie mayor a la inicialmente planteada y afirmó que existen mil 503 pozos prospectados en la región. Destacó además que 98 por ciento de la población del municipio es hablante de la lengua Tének.
El acuerdo aprobado establece un blindaje legal y ambiental que prohíbe la expedición de licencias de construcción, cambios de uso de suelo, permisos para el manejo de explosivos y la firma de convenios con Pemex.
La resolución se sustenta en el artículo 115 de la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las actas de las comunidades reconocidas como sujetos de derecho público.
