Por Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Ciudad de México. El gobierno federal pretende “achicar” la reforma constitucional en materia anticorrupción, con un proyecto de ley secundaria que reduce los lineamientos en la materia establecidos en la Carta Magna, denunció el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa.
Advirtió que el anteproyecto de ley secundaria que presentó el presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, el senador del PVEM, Pablo Escudero no es más que la propuesta del gobierno federal, de la que sólo se retomaron las propuestas del PRI y el Verde y dejaron puntos torales, como las responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos en el cobro ilegal de comisiones por tramitar partidas presupuestales y el conflicto de interés en que incurren legisladores que al mismo tiempo litigan asuntos particulares, muchas veces contra el Estado.
En conferencia de prensa en que estuvo acompañado por los senadores Dolores Padierna, Alejandro Encinas, Zoé Robledo y Luis Humberto Fernández, quienes participan el dictamen de esa reforma, el coordinador Barbosa, resaltó que por lo que se refiere a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la reducen en sus alcances constitucionales de ser una instancia de coordinación institucional de las autoridades encargadas, de prevenir, de investigar y de perseguir los delitos de los servidores públicos o de hechos vinculados a asuntos de corrupción.
Todas las facultades del Sistema Nacional Anticorrupción las trasladan a la Secretaría de la Función Pública, a la que sólo cambian el nombre y queda como Secretaría de Control Interno.
Por lo que se refiere a la otras de las siete leyes que incluye “la iniciativa del gobierno”, la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, “tratan de manera muy protectora” a los funcionarios, ya que muchas de las conductas que deben ser consideradas como faltas administrativas graves, no son tipificadas como tales, por lo que la competencia para imponer sanciones queda a cargo de la Secretaría de la Función Pública.
En la propuesta gubernamental, recalcó, sólo se enuncia la obligación de hacer públicas las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, de los servidores públicos, establecida en el último párrafo del Artículo 108 de la Constitución, sin establecer la regulación necesaria para que ello se cumpla y estén al alcance de los ciudadanos.
“En la propuesta del gobierno, sigue siendo una potestad del servidor público decidir si se hace pública o no sus declaraciones patrimoniales”.
Barbosa recalcó que en el caso de la Ley Orgánica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el anteproyecto de dictamen “le dan la vuelta”, a la posibilidad de que investigue en tiempo real y para asuntos concluidos del mismo periodo fiscal aún no terminado.
Por lo que toca a la Ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), lo convierten en un juzgado donde se debe de substanciar todo el procedimiento, que volvería al tribunal de verdad una autoridad judicial del nivel de cualquier juzgado de causas del fuero común.
Ello en lugar de que el TFJFA resuelva sólo o expedientes que ya están substanciados por la ASF o la Secretaría de Control Interno. Es decir, “le ponen una carga enorme”.
Barbosa precisó que envió un oficio al senador Escudero para señalarle que el anteproyecto de leyes secundarias para echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción, que él presentó, no puede ser el único que se dictamine y le demandó que se tomen en cuenta las iniciativas del PRD y el PAN.
Asimismo, que se transparente la discusión en comisiones y todas las reuniones sean transmitidas por el Canal del Congreso.
