Cese y renuncia en gobierno del estado
La CEAV, forzada a actuar
Queja de empleados municipales
Moreno Valles y las sillas vacías
Parece que Ángel Castillo Torres y Jorge Roberto Farfán González se pusieron de acuerdo para abandonar el gabinete de Juan Manuel Carreras el mismo día. El primero se venía desempeñando como Subsecretario de Enlace Interinstitucional y el segundo era el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil.
Desde hace semanas ya se escuchaba el rumor de que Ángel Castillo Torres sería destituido derivado, fundamentalmente, de dos agresiones contra el gobernador: la primera de ellas fueron los insultos expresados en contra del gobernador por el diputado priísta Alejandro Segovia Hernández; la segunda se trató de las acusaciones de corrupción que desde la Cámara de diputados lanzó el Partido Verde y cuya autoría se atribuyó a Manuel Barrera Guillén y Cándido Ochoa.
Los involucrados se disculparon y se retractaron de sus palabras; Ángel Castillo desmintió los rumores sobre su salida, aseguró que la relación entre la administración estatal y el Congreso no estaba rota y se le dio la oportunidad de continuar; sin embargo, la gota que demarró el vaso parece ser el hecho de que Castillo Torres no hubiera podido evitar la infiltración del Partido de la Revolución Democrática en la Contraloría Interna de la Auditoría Superior del Estado y que se pusiera en riesgo el Sistema Estatal Anticorrupción.
Su lugar, desde la tarde de ayer, es ocupado por Jorge Alejandro Vera Noyola, quien desde hace un año fungía como Secretario Técnico del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna). Vera Noyola era el candidato natural para reemplazar a Castillo Torres, lo normal era verlo en oficinas de gobierno y el Congreso del Estado cabildeando diversos temas en su agenda.
Por su parte, de la salida de Jorge Roberto Farfán González se sabe que fue por su voluntad y algunas personas cercanas al ahora ex titular de Protección Civil señalan que su relación con la Secretaría General de Gobierno se deterioró debido a que recibió presiones para autorizar el funcionamiento de restaurantes y bares que no cumplían con la normatividad en materia de seguridad.
Se rumora que será sustituido por Ignacio Rafael Acosta Díaz de León, asesor de Juan Manuel Carreras que buscó, sin éxito, ganar la elección a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
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Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho tuvieron que volver a colocar en la discusión pública la falta de justicia a casi cinco años del asesinato de Karla Pontigo para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas decidiera atraer el caso.
“La atracción de este caso representa para la CEAV una oportunidad de acompañar a las víctimas en su demanda por una investigación con respeto a sus derechos humanos para impulsar el debido estándar de investigación con perspectiva de género, en aquellos casos de los que se desprende una violencia feminicida”, expuso la comisión en un comunicado.
Ojalá que la forzada atención que tardíamente le están poniendo al caso sirva para que la familia encuentre justicia.
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Trabajadores activos y ex empleados del Ayuntamiento de San Luis Potosí se organizaron para acudir a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para interponer una queja por lo que consideran son violaciones a sus derechos de parte de la administración que encabeza Ricardo Gallardo Juárez.
Denunciaron que algunos han sido sometidos a presiones, hostigamiento y humillaciones; se les ha obligado a firmar cartas donde aceptaban una reducción salarial de 50 por ciento o que han sido despedidos injustificadamente. Los que lograron conservar su empleo, aseguraron que son enviados a trabajar a las delegaciones de Villa de Pozos o La Pila como una medida para que decidan renunciar.
Por temor a represalias pidieron que se omitieran sus datos particulares y que el personal de la CEDH no los fotografiara. Los afectados estuvieron acompañados por su abogado, Jorge Carmona Cruz y acordaron interponer una queja colectiva.
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En el salón Real San Luis del Hotel Hilton, el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle presentó su libro La fuerza del cambio ante poco más de 200 militantes del Partido Acción Nacional. El evento estaba planeado para recibir a más de 300 personas; no obstante, al no haber logrado reunir a tal cantidad de personas, los organizadores retiraron las sillas que no fueron ocupadas para que no se notara la ausencia de gente.
En dos pantallas se proyectó un video donde se destacaron los momentos más trascendentales de la vida de Moreno Valle y su familia. Posteriormente el poblano tomó la palabra y explicó que su libro es el primero de cuatro que publicará bajo el sello editorial Miguel Ángel Porrúa. En esta primera entrega, narra el origen y anécdotas de su familia, su formación profesional; además, muestra evaluaciones que supuestos organismos independientes realizaron a su gobierno y que “muestran cómo Puebla inició el cambio que México necesita”.
La mayoría de los panistas que asistieron se paseaban con el libro del aspirante a la presidencia del país; empero, ni ellos ni Rafael Moreno Valle discutieron acerca de los 76 mil millones de pesos que dejó su administración como deuda pública, ni las múltiples violaciones a derechos humanos que fueron documentadas a lo largo de su sexenio.
Las camionetas de lujo, sin placa delantera, y los escoltas discretamente armados alrededor de las instalaciones hacían evidente que algo sucedía al interior del lujoso hotel. Dentro, los panistas se desvivieron en aplausos y dejaron claro que no todos los panistas potosinos están de lado de Margarita Zavala y los calderonistas. Cabe señalar que el dirigente estatal del PAN, Xavier Azuara, no asistió a la presentación del libro; en cambio, sí acudió el ex consejero de la Facultad de Derecho y otrora líder del grupo ultraderechista Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO), Miguel Jaime de Jesús López Mosquera.
(Redacción: Jaime Nava)





