Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó a cuatro proveedores para participar en contrataciones con la administración pública federal, tras acreditar que presentaron información falsa en distintos procedimientos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De acuerdo con un comunicado difundido este viernes, las sanciones fueron impuestas a través del Órgano Interno de Control en el IMSS e incluyen multas económicas y periodos de inhabilitación que van de uno a un año con tres meses.
En el caso de María Esther Barrios Cabrera, se determinó una multa de 643 mil 188 pesos y una inhabilitación por un año, luego de que proporcionó información falsa durante su participación en una licitación nacional electrónica para el servicio integral de manejo de ropa hospitalaria en unidades del IMSS durante 2024. La irregularidad consistió en una constancia de no inconveniencia ambiental con datos falsos.
La empresa Gvicoa S.A. de C.V. fue sancionada con 745 mil 705 pesos y un año tres meses de inhabilitación por presentar un oficio supuestamente emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el que se señalaba que un microscopio especular no requería registro sanitario, dentro de una licitación internacional para servicios médicos oftalmológicos.
En tanto, Comercializadora Svr, S.A. de C.V. recibió una multa de 555 mil 644 pesos y un año de inhabilitación por entregar una carta de apoyo aparentemente emitida a su favor en un proceso de adjudicación directa para la adquisición de material terapéutico y de curación.
Finalmente, Comercializadora Milenio, S.A. de C.V. fue multada con 134 mil 430 pesos e inhabilitada por un año tres meses por presentar comprobantes con los que pretendía acreditar la prórroga de registros sanitarios en una licitación para tiras reactivas destinadas al programa IMSS Bienestar.
Las sanciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación e inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que impide a los involucrados celebrar nuevos contratos con el gobierno federal. La dependencia subrayó que las resoluciones pueden ser impugnadas y sostuvo que actuará en defensa de las medidas “en protección del interés público”.
