Discretas acciones de gobierno estatal
La inseguridad también es negocio
Operativos contra Uber dejan ganancias
Antes de que termine septiembre seguramente llegarán los cambios al gabinete estatal para tratar de controlar los niveles de violencia e inseguridad que se dispararon durante agosto. De manera muy discreta el gobierno de Juan Manuel Carreras inició una serie de acciones para menguar las actividades del grupo criminal responsable de las ejecuciones y los colgados que casi a diario aparecieron en las calles y estadísticas en los últimos 30 días.
El cateo realizado la noche del lunes en el penal de La Pila tuvo doble finalidad: efectuar una revisión rutinaria para detectar armas, drogas, celulares u otros objetos y confirmar que la reclusión no puso fin a la relación de algunos miembros de la delincuencia organizada con sus respectivas organizaciones. Así fue que luego de haber encontrado memorias USB, chips de teléfono, tijeras, pipas, cuchillos, medicamentos y 13 celulares, la administración estatal determinó que era conveniente trasladar a dos reos a un penal en Veracruz.
La Secretaría de Seguridad Pública informó de manera muy discreta que los internos Rey D. y Alex M. habían sido enviados al Centro Federal de Reinserción Social número 5 ubicado en Villa Aldama, Perote, Veracruz. Las iniciales de Rey D. corresponden al presunto líder del cártel del noreste, agrupación que se ha adjudicado los homicidios cometidos en días pasados y quienes a pesar de la detención del llamado Santander lejos de debilitarse se fortalecieron o, cuando menos, esa imagen lograron proyectar.
Si esa acción rendirá algunos frutos se sabrá en las próximas semanas; pero, como el daño ya estaba hecho y la brutal agresión contra una joven indignó a los potosinos, desde ayer ciudadanos, comerciantes, organismos empresariales y la Iglesia, por separado, se pronunciaron en contra de la violencia y exigieron al gobierno del estado que reconozca que San Luis se encuentra en un serio problema y se realicen los ajustes necesarios para devolver la tranquilidad a los potosinos.
Los presidentes de la Cámara Nacional de Comercio y Coparmex, respectivamente, coincidieron en que se requieren modificaciones urgentes en el gabinete ya sea porque los responsables de la fallas las reconozcan y renuncien o porque el mandatario y su equipo analicen la situación y despidan a quienes deban ser sustituidos. Por su parte, crítico como pocas veces, el vocero de la Arquidiócesis, Juan Jesús Priego Rivera, comentó que el manto protector de la corrupción cubre a “peces gordos” que las autoridades no se atreven a tocar.
Que los cambios están por venir fue un anuncio a medias que hizo el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, en una confusa declaración: “se están valorando los cambios. Yo creo que el segundo año de gobierno es un tiempo importante para la toma de decisiones, hasta este momento no hay ninguna instrucción, pero están sobre la mesa las renuncias de los funcionarios”.
Queda la duda acerca de si la expresión significa algunos miembros del gabinete presentaron su dimisión al cargo que ocupan o si con esa expresión nada más quiso decir que ya están pensando en quienes podrían sustituir a ciertos funcionarios. Como hasta ahora no habían aceptado ni se atrevían a insinuar la posibilidad de alterar la alineación carrerista la señal es clara, sólo resta saber si la puerta de salida se le abrirá a Federico Garza Herrera, a Arturo Gutiérrez García o si se cumplirá el deseo del cártel del noreste de correr a José Guadalupe Castillo Celestino.
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Como la inseguridad también es negocio, en el ayuntamiento de la capital ya planean adquirir drones para vigilar desde el cielo las calles del Centro Histórico. La medida podría parecer pertinente si no se considera que el costo beneficio y rendimiento de esos aparatos no justificaría su compra.
Los modelos más avanzados únicamente son capaces de volar 25 minutos antes de que se agote por completo la batería. El problema podría solucionarse adquiriendo más pilas; sin embargo, los fabricantes no recomiendan mantenerlos en funcionamiento más de dos o tres vuelos continuos. Eso quiere decir que cada dron que compren tendría un tiempo máximo de trabajo diario de una hora y media.
Para compensar, la administración municipal estaría obligada a obtener varios drones y sus respectivas baterías de repuesto a precios superiores a 50 mil pesos por unidad. Sin contar con el costo de capacitaciones para quienes vayan a manejarlos y refacciones.
Como negocio para quien pudiera resultar beneficiado con la adjudicación del contrato de compraventa de drones, la idea del alcalde debe ser maravillosa, no obstante, para las finanzas municipales y la protección de la ciudadanía es todo lo contrario.
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Gran negocio están resultando los operativos anti Uber en la capital. Mientras la empresa sigue empecinada en no tramitar su registro ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para así proteger a sus “socios”, las grúas de la SCT recogen los vehículos de los choferes que detectan y para devolverles sus automóviles les piden cantidades superiores a los 20 mil pesos.
Con tanto dinero en juego, el cuento de que la empresa no sabe cómo registrarse o piensa que no debe hacerlo comienza a ser sospechoso. ¿A dónde va el dinero recaudado? ¿A quién le conviene mantener a Uber funcionando al margen de la ley?
(Redacción: Jaime Nava)
